C.M.L. Madrid | viernes, 03 de junio de 2016 h |

El futuro del acceso a las terapias innovadoras no será posible si no es pivotando sobre los resultados en salud. Una idea compartida por casi todos los agentes del sistema sanitario. La importancia de evaluar está cada vez más encima de la mesa, y la necesidad de que España coja esta rutina es una de las principales inquietudes.

En este contexto, nadie duda de que es necesario desarrollar herramientas, sistemas de pago, que tengan que ver con los resultados y compartir el riesgo y las incertidumbres entre productor, comprador y pagador. Así se recoge en el compendio ‘Estrategias para Avanzar: Programas de soporte a pacientes y Acuerdos de Riesgo Compartido’, que pone sobre la mesa que las innovaciones garantizadas por el SNS han de cumplir un triple objetivo: garantizar el acceso, la sostenibilidad económica del sistema, y una adecuada compensación de la aportación terapéutica. Un texto desarrollado a partir del Seminario sobre Gestión en Farmacia Hospitalaria para Directivos organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y la biofarmacéutica UCB.

En esta realidad, gestionar la farmacia hospitalaria es, a juicio de Flora Pérez Hernández, jefa del servicio de gestión farmacéutica del Servicio Cántabro de Salud, cada vez más difícil. La llegada constante de innovaciones con diferentes grado de valor añadido que deben ser incorporadas, la necesidad de disponer de sistemas de información robustos y de calidad, la irrupción de las asociaciones de pacientes y los cambios dentro de los propios servicios de FH son los principales factores a tener en cuenta.

Para mantener un equilibrio entre los objetivos y las incertidumbres que puede generar un nuevo medicamento se dibujan nuevos contextos donde hay que compartir los riesgos e implementar experiencias de pago por resultados.

Para los expertos, los acuerdos de riesgo compartido son una buena opción. Sin embargo, no se pueden aplicar de manera sistemática, sino que “deben ser el resultado de evaluar una metodología rigurosa y contrastada a partir de un algoritmo de decisión sobre el modelo de pago más adecuado en función de las innovaciones”, detallan en el libro.

En palabras de Antoni Gilabert, gerente de Farmacia y del Medicamento del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) los nuevos modelos de acuerdos de riesgo compartido de pago por resultados no pueden establecerse “por que sí”.

El subdirector de Gestión Farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud (SES), José Luis Sánchez Chorro, apunta que es necesario aunar innovación y sostenibilidad y para ello hay que ser imaginativos, “seguramente habrá que buscar nuevos modelos de relación entre la administración sanitaria y la industria farmacéutica, pero también habrá que mejorar los que ya existen”. Es un trabajo de todos, en el que se tiene que ir de la mano y buscar puntos de encuentro que nos ayuden a avanzar.

Desde el punto de vista de la industria, Jesús Sobrino, director general de UCB, destaca el compromiso de esta compañía para alcanzar acuerdos que contribuyan a la sostenibilidad del SNS y a la rápida incorporación de la innovación para atender a las necesidades del paciente. De este modo, explica como la industria también participa en la búsqueda de soluciones para dar respuesta a aquellas otras necesidades que tiene el paciente más allá del medicamento, esto es, “una visión más holística del paciente”.

IPTs y su trascendencia

¿El IPT es útil en la clínica?¿Debería ser un procedimiento normalizado?” Estas cuestiones son resueltas por los expertos durante el compendio. Para Josep Manuel Piera, responsable de oncología del Hospital de Donostia, los IPT están realizados con diferentes niveles de compromiso. “Algunos son totalmente implementables, aprovechables, valientes y otros más flexibles, que no se comprometen tanto”. A su juicio, si se quiere recurrir al IPT como referencia para tomar unas decisiones que son difíciles, no siempre sería posible. “Hay que hacerlos mejor”. En esta línea, Rafael Cabrera, director de Acceso al Mercado de UCB, puntualiza que la falta de transparencia, en este contexto, ha sido señalada por el Consejo Económico y Social (CES). A entender del Consejo existe espacio para la mejora en términos de transparencia en el trabajo de la Comisión Interministerial, para que la industria conozca las reglas. En este aspecto, José Luis Sánchez, ex subdirector de Gestión Farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud(SES), comenta que quizá el problema de la comisión de precios es que no traslada fuera lo que se hace dentro. “Me gustaría que alguna vez lo plantearan todo en un documento tan claro que cuando un laboratorio acuda a la Comisión con su documento sepa en qué rango se va a mover, porque disponga de un checklist que indique qué criterios debe cumplir su medicamento para entrar en una u otra clasificación”.

En una de las mesas de debate del documento se han planteado los métodos impulsados en países vecinos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, con el fin de identificar la posible transferibilidad de estas estrategias al SNS.

El sistema alemán se basa en la normativa desarrollada por la Ley de Reforma del ordenamiento Farmacéutico que incorpora un nuevo sistema de aprobación con un organismo, el G-BA, que regula la financiación pública de los medicamentos y decide si un compuesto se incorpora o no al sistema. Para ello, encarga informes a un organismo independiente responsable de evaluar en función de los cuales se determinan el valor del medicamento y la posibilidad de su financiación. En el caso francés se establecen dos categorizaciones. La primera es la que se denomina por el acrónimo ‘Servicio Médico Aportado’ (SMR) a la enfermedad en la cual el medicamento va a ser utilizado; y el segundo es que aportación clínica conlleva la molécula en esa indicación (ASMR). El caso italiano es particularmente interesante “porque lleva poco tiempo en marcha”. El procedimiento se denomina ‘Managed Entry Agreements’ que vienen a ser acuerdos de entrada en el mercado. El procedimiento de precio y financiación en Italia es muy simple. Está dividido —como en España— en una aprobación local y la aprobación de precio y reembolso. Esta última es doble: por un lado hay una Comisión técnico-científica que decide sobre las condiciones de financiación y, por otro, está el Comité de precio y reembolso que es el que decide sobre el precio. Por último, el Reino Unido está atravesando una época de transición. Es un sistema en el que intervienen dos organismos fundamentales. Uno es la agencia inglesa de medicamentos y el departamento de salud, que es el que fija el precio de los medicamentos.