Inquietud entre las SS.CC. ante un RD
de acreditación de centros con “lagunas”

La normativa que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y determina los requisitos mínimos comunes para su autorización que el ministerio de Sanidad dio a conocer recientemente parece que no tiene visos de convencer a varias sociedades científicas, que consideran que las capacidades de los especialistas pueden verse mermadas. De hecho, los cardiólogos, los cirujanos plásticos, los infectólogos, y los expertos en biopatología médica explican que el proyecto podría abrir la veda al intrusismo en la práctica clínica, permitiendo que ciertos profesionales no especializados actúen en situaciones que corresponden a otros especialistas.

Para el presidente de los cardiólogos, José Ramón González-Juanatey, el texto tiene lagunas en aspectos importantes. En lo que afecta a la especialidad, el proyecto contempla la unidad de hemodinámica como “la unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad de un médico especialista con experiencia en hemodinámica, se realizan procesos vasculares o cardiológicos intervencionistas con finalidad diagnóstica y/o terapéutica”. González-Juanatey está convencido de que la normativa abre la puerta a que profesionales no especialistas en la materia puedan dirigir las unidades y llevar a cabo estos procedimientos. El cardiólogo asegura que estas unidades no son asistenciales ni independientes y deben estar integradas dentro de un servicio de cardiología, “por lo que sus responsables deben de tener ineludiblemente el título de cardiólogo, además de una acreditación en intervencionismo”, indica, al tiempo que advierte de que de no ser así, resultaría una amenaza tanto para el paciente como para la especialidad.

En esta misma línea anda la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (Seimc) considera que la normativa pone en jaque el futuro de la especialidad. Así lo aseguró su presidente Ramón Cantón a GM, que explicó que los expertos en infecciosas leyeron con asombro un texto “que se olvidaba de la especialidad”. El problema de base para estos especialistas es el no reconocimiento de infecciosas como área independiente. Tal y como explica Cantón, actualmente existen servicios y unidades donde casi 500 infectólogos trabajan, sin embargo, no tienen reconocida la especialidad en España, frente a Europa donde sí está acreditada. De esta manera, estos especialistas rechazan el proyecto de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. “Una normativa que ignora la realidad asistencial relacionada con las enfermedades infecciosas en nuestro país”, explica, al tiempo que recuerda que en el texto se incluyen más de 100 servicios sanitarios y, sin embargo, no aparece el de infecciosas, que ya existe como servicio independiente en 26 hospitales universitarios de las grandes ciudades españolas, además de las unidades y secciones de enfermedades infecciosas en otros 68 centros.

A juicio del presidente de la Seimc, estas unidades lideran los programas hospitalarios de carácter transversal y multidisciplinar. Ejemplo de ello fue la crisis de salud pública que tuvo lugar hace unos meses por el virus del Ebola.

Por su parte, la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (Secpre) denuncia que, si es aprobado el proyecto “se legalizará en España la inseguridad jurídica de los pacientes sometidos a intervenciones propias de la cirugía plástica”. Así lo ha adelantado el presidente de la sociedad, Cristino Suárez, quién acusa al director de Salud Pública, Javier Castrodeza, de dividir la especialidad. A su juicio, la normativa distingue entre unidades de cirugía reparadora y unidades de cirugía estética. Sin embargo, en España, existe un único título de especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que engloba los dos ámbitos de la cirugía plástica.

Asimismo, el cirujano destaca que los niños españoles dejarán de beneficiarse de los servicios de los cirujanos plásticos y otros muchos especialistas, “ya que el Proyecto de RD 12/6/2015 establece que sus intervenciones quirúrgicas sean realizadas en exclusiva por médicos especialistas en Cirugía Pediátrica”. No tiene en cuenta que los problemas quirúrgicos pediátricos se dividen, como en el caso de los adultos, en áreas de especialización: cirugía plástica infantil, cirugía cardiaca infantil, urología infantil, maxilofacial infantil, neurocirugía infantil, etc.

Además, en el ámbito de la estética, el texto recoge que las intervenciones de cirugía estética puedan ser realizadas tanto por un médico especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora como por “otro especialista quirúrgico”. De modo que el texto no tiene presente que, a día de hoy, “la única especialidad cuyo programa de formación oficial incluye la cirugía estética es la de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora”, recuerda Suárez.

“Olvidos” en el laboratorio

Del mismo modo, Santiago Prieto, presidente de la Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM), explica que el principal problema para estos especialistas es que aunque consideran adecuado adaptar la normativa al nuevo contexto sanitario, el enfoque que se le ha dado al decreto no favorece ni a los profesionales ni a los pacientes.

Para empezar el texto no hace referencia a los servicios centrales de los hospitales, “algo indispensable”, apunta Prieto. Además, en las unidades de fertilidad, se obvia que sus responsables son los especialistas de análisis clínicos y bioquímica clínica, y se abre la puerta a otros profesionales. En esta línea, el texto también obvia el método POCT (pruebas a la cabecera del paciente), que ya se está empezando a regular en España y que depende directamente del laboratorio. Prieto considera que en un contexto donde hay que darle poder al paciente para que decida libremente, sin información no hay libertad, “y con este decreto en cierto modo se pierde”.

Ante todo este alubión de críticas, la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme) ha decidido remitir al ministerio las alegaciones oportunas que está recopilando de cada sociedad.