Diez de los 15 primeros países de la Unión Europea cuentan con políticas de evaluación económica para el reembolso de las tecnologías sanitarias. Entre este selecto grupo no se encuentra aún España, como puso de manifiesto el profesor de Análisis Económico e investigador del Seminario de Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, durante las jornadas ‘Gestión y evaluación de medicamentos: de la evaluación a la práctica clínica”, organizadas por la Fundación Gaspar Casal y la compañía farmacéutica Almirall.
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Francia, Reino Unido, Portugal y Suecia realizan un “uso formal de la evaluación económica”, subrayó Oliva. A estos se suman otros países en América, Asia y Oceanía como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia, Nueva Zelanda, Australia, Corea, Taiwan y Tailandia.
El retraso de España se produce a pesar de partir en “una situación excelente en los años 90”, manifestó Oliva. En la última década del pasado siglo, nuestro país contaba con “investigadores reconocidos”, propuestas de estandarización metodológica y las “primeras agencias de evaluación de tecnología sanitaria”. Aquellos años Australia y Canadá iniciaron su actividad, mientras que el Instituto NICE dio los primeros pasos en Reino Unido en 1999.
Barreras para la implantación
El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha identifica una serie de barreras que han impedido que el sistema sanitario español se sitúe entre los países más avanzados. Uno de los principales problemas es de índole presupuestaria. Las comunidades autónomas cuenta con partidas ajustadas y existe poca flexibilidad para “cambiar recursos de un capítulo a otro”, subrayó Oliva, quien lamentó que “la contención de costes” sea “más importante que el criterio de coste-efectividad”.
Existen otras barreras de tipo metodológico como la estimación de los ahorros que señalan los estudios económicos. “Son teóricos pero no reales”, subrayó. Otra de las limitaciones sería “una alta variabilidad en los costes asistenciales lo cual dificulta la comparabilidad de los estudios”. Existen también frenos de tipo práctico como el “patrocinio de los estudios” o la “falta de recursos para incentivar la reorientación de la prescripción”, destacó.
El sistema sanitario acaba de iniciar los primeros pasos en evaluación sanitaria. “Un camino en el que —queramos o no, y aun muy mal posicionados— ya estamos metidos”, indicó el subdirector general de Investigación e Innovación en Salud de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Salvador Peiró.
Peiró subrayó la necesidad de establecer un organismo similar al NICE británico, “capaz de desarrollar los procesos de evaluación de la seguridad, efectividad comparativa, coste-efectividad necesarios en los procesos adaptativos”.
El marco normativo ya se encuentra creado. La Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios indica que la inclusión de medicamentos en el sistema de financiación debe tener en cuenta el “valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad”.
El Real Decreto 16/2012 establece también que “la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tendrá en consideración los análisis de coste-efectividad”. Sin embargo, este organismo no ha adoptado decisiones en esta línea durante estos cuatro años.
Participación autonómica
Las comunidades autónomas han comenzado también a moverse. “Cataluña ya está preparada para incorporar la evaluación económica en la toma de decisiones”, expresó Arantxa Catalán, jefa del Área de Evaluación de Farmacia de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.
Uno de los retos que surgen es la incertidumbre en el momento de la comercialización de un fármaco. La directora técnica de Farmacia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, Nieves Martín Sobrino, identifica una serie de problemas, como “falta de información sobre efectividad y seguridad”, efectos a largo plazo no conocidos, dudas sobre la eficiencia y sobre el impacto en el presupuesto farmacéutico. Existe la “necesidad de información post-comercialización”, destacó Martín Sobrino.
Esta tarea debe llevarse a cabo de “una manera colaborativa”, añadió. En este contexto de colaboración se encuentra pendiente aún la homogeneización de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT). “Conseguirlo a corto plazo es imposible”, advirtió la directora técnica de Farmacia de Castilla y León.
Más allá de la administración sanitaria, el ex presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Santiago de Compostela, José Ramón González-Juanatey, reclamó una mayor participación de las sociedades científicas en este proceso evaluador. “Nos debemos posicionar en la evaluación de las tecnologías de nuestro campo”, manifestó. En el proceso de aprobación de un fármaco, González-Juanatey insistió en que “aquello que no es innovación no debe ser financiado”.
Existen barreras de tipo administrativo, metodológico y práctico que han impedido su implantación
Expertos señalaron la necesidad de un organismo de evaluación similar al NICE en Reino Unido
