Carmen M. López, RSC | viernes, 07 de marzo de 2014 h |

Europa ha llegado a un acuerdo, a través del Parlamento y el Consejo, sobre la modificación de la normativa vigente para mejorar la transparencia de las grandes empresas en cuestiones sociales. Las empresas interesadas tendrán que revelar información sobre las políticas, riesgos y resultados sobre temas ambientales, sociales y relacionados con los empleados, el respeto de los derechos humanos, las cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno, y la diversidad en los consejos de administración.

Esta normativa afectaría a unas 6.000 empresas europeas que tendrán que informar sobre sus impactos. Para Michel Barnier, Comisario para el Mercado Interior y Servicios, “Europa necesita reglas modernas y útiles sobre la transparencia de la información no financiera por ciertas grandes empresas”. De este modo, comenta que las nuevas reglas sólo se aplicarán en algunas compañías con más de 500 empleados, ya que los costes de los que requieren las pequeñas y medianas empresas (PYME) para aplicarlas podrían superar los beneficios .

Asimismo, aquellas organizaciones que no cotizan tendrán que tener en cuenta la nueva directiva, así como aquellas que los Estados miembros consideren que deben asumirla, bien por el tipo de actividad que desarrollan o el número de empleados que tengan. Para ello, pueden utilizar las directrices internacionales, europeas o nacionales que consideren apropiadas —por ejemplo, el Pacto Mundial de la ONU, ISO 26000, o el Código de Sostenibilidad alemán—.

Este proyecto, aprobado por el Comité de Representantes Permanentes de los Estados Miembros (Coreper), representa un primer paso hacia la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo 2013 sobre la necesidad de una mayor transparencia en materia fiscal y de garantizar, en todos los países y en las grandes organizaciones y grupos empresariales. La Comisión apoya este objetivo y se esforzará por cumplir efectivamente la cláusula de revisión incluida en esta legislación.

Con el fin de convertirse en ley, la propuesta de la Comisión tiene que ser adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros de la UE en el Consejo (que vota por mayoría cualificada). Se espera que el Parlamento Europeo vote esta legislación en la sesión plenaria en abril, para que posteriormente pase por el Consejo.

Una normativa que no sería nueva para algunos países que ya han ido introduciendo requisitos vinculados a la transparencia. Es el caso de España en 2011 con la Ley de Economía Sostenible, Reino Unido en 2006 y 2013, Suecia en 2007, Dinamarca en 2011 y Francia en 2012.