Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ | viernes, 03 de mayo de 2013 h |

No se puede negar. El cabreo es generalizado. La supresión de la última paga extra, la merma de los salarios, las menguantes plantillas y la creciente presión asistencial, protagonizada encima por pacientes más cabreados de lo normal han convertido los hospitales y centros de salud de algunas comunidades en un polvorín. Con todo, la mecha que puede incendiarlos no es el empeoramiento de las condiciones laborales motivado por la crisis económica y las medidas de ajuste, sino la externalización de la gestión sanitaria en favor de algunas empresas concesionarias que están impulsando feudos como Madrid. Manejando sabiamente sus bazas, la AFEM se está antojando en este terrerno como el mejor aliado del PSOE en el objetivo de dicho partido de que la sangre llegue finalmente al río y éste arrastre a Javier Fernández-Lasquetty y a Ignacio González, salpicando de paso al Gobierno de Mariano Rajoy. La súbita irrupción de esta organización, su empuje y la forma de relegar a un papel secundario a los sindicatos tradicionales es digna de estudio. Campa a sus anchas en Madrid por el Colegio de Médicos, suscita pavor en algunos altos cargos de la consejería y marca los tiempos en busca de protestas con tintes más políticos que profesionales. La situación está peor para los médicos en autonomías como Andalucía y allí pocos alzan la voz o montan griterío. No toca, porque no lo pide el partido.

Decía antes que hay razones para el cabreo. La sanidad, como todas las parcelas del país, va a salir perdiendo con esta crisis. Pero no hay motivos para las huelgas de mayo, ni para perjudicar a los pacientes, salvo que lo que se quiera sea volver a estos en contra del PP, lo que parece ser la meta real de todo un proceso teledirigido que empezó el pasado año, y que se aprovecha del enfado lógico y normal de algunos facultativos. Es inaudito en este contexto el rol de comparsas que han asumido Amyts y Satse, a rebufo siempre de AFEM. Descafeinadas por su inexplicable estrategia, ambas organizaciones se suben ahora al carro de una protesta cuyo objetivo es más desestabilizar que mejorar la sanidad. Razones tendrán sus dirigentes para dejarse marcar el paso, aunque siguen siendo inexplicables.

Porque para lo que no hay razones, seguro, es para colapsar los centros y mandar de vuelta a casa a los enfermos. Los hospitales se van a externalizar, sí, pero se van a conservar los empleos. Todos. La oferta de la consejería no puede ser más generosa, por no decir timorata. Además, la concesión no son lentejas. Al trabajador afectado se le abrirá la posibilidad de permanecer voluntariamente en un sistema anquilosado que ya no da más de sí, un modelo agotado, en definitiva, o apostar por una nueva vía que premia su esfuerzo si es que éste se produce. Es lógica la resistencia al cambio, pero no el nuevo frente que se le quiere abrir a la comunidad. Recuerden la que se montó en Madrid cuando Güemes y el propio Lasquetty avanzaron en la unificación de gerencias. Hoy, pocos pían contra María Jesús Montero en Andalucía, por querer hacer lo mismo. Recuerden lo que se dijo de que los pacientes tendrían que tirar de visa para pagar la asistencia. Falacias y mentiras convenientemente jaleadas con fines políticos, y secundadas por sindicatos víctimas de su propia inoperancia.

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