Además de la efectiva aplicación del copago hospitalario para evitar nuevos tirones de orejas por parte de Bruselas, otra de las reformas sanitarias que las autoridades tienen en mente es la que afecta al capítulo I, el del personal. Aunque hasta la fecha se han hecho algunos avances y es cierto que la introducción de los sistemas mixtos de gestión han abierto, por decirlo de alguna manera, el melón de un revolucionario aunque incipiente aún cambio laboral, el camino que queda por emprender es todavía muy largo, ante el grave riesgo latente de conflictividad sindical en el sector. El consejero Javier Fernández-Lasquetty ya ha apuntado en este sentido que “ninguno de los países europeos tiene un sistema sanitario basado en funcionarios vitalicios cuya retribución es prácticamente la misma tanto si trabajan bien como si lo hacen mal”. En este contexto hay que enmarcar pues las iniciativas que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, han comenzado a poner en marcha en sus respectivos territorios para rebajar la parte fija del salario de médicos, enfermeras y auxiliares, e incrementar la porción variable, con el fin de ligarla a la consecución de un conjunto de objetivos de gestión o de ahorro no reñidos con el mantenimiento de la calidad asistencial.
En el caso médico, los movimientos se encaminan hacia la modificación paulatina del arcaico y anquilosado régimen estatutario para dotar de flexibilidad a la vinculación profesional del trabajador con el servicio de salud e introducir herramientas económicas que penalicen la indolencia y gratifiquen el esfuerzo profesional. Porque, al margen de que el sistema vigente consolide un régimen funcionarial anacrónico con los nuevos tiempos, lleva oculto además un efecto perverso al desincentivar el esfuerzo y la dedicación y al mutilar prácticamente de por vida cualquier posibilidad de ascenso laboral. Galicia, Valencia y la propia Madrid han reabierto este debate al hilo de la crisis económica y se proponen establecer la parte fija del salario en un 80 por ciento y la variable en el 20 por ciento restante. En el caso de Valencia, la iniciativa parte a través de las nuevas fórmulas gestoras y su origen es un estado de las cuentas verdaderamente catastrófico al que no ayuda precisamente el régimen vigente, mientras que en el de Galicia llueve de alguna manera sobre mojado, pues son conocidas de todos los sanitarios con algo de memoria histórica las querencias que siempre ha mostrado al respecto Alberto Núñez Feijóo. Cuando presidía el Insalud, una de las claves de su proyecto de transformar los hospitales tradicionales en fundaciones era inyectar un cambio laboral en los centros sanitarios. El rechazo de los colectivos profesionales impidió que dicho cambio llegara a materializarse.
Ahora bien, ¿cómo meterle mano a este régimen que blinda los derechos adquiridos de los trabajadores? La crudeza de la crisis impide esperar que el efecto de las nuevas fórmulas de gestión se extienda por toda la Sanidad. Urge por ello un debate sereno en el Consejo Interterritorial de Salud. Si hay unanimidad en la Comisión de Recursos Humanos, quedaría convencer a los sindicatos y trazar con ellos un pacto para que el cambio fuera implementándose de forma gradual. Esta transformación puede parecer utópica, pero los acuciantes problemas económicos imponen soluciones que antaño parecerían imposibles.
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