La repetición de elecciones puede tener un nuevo elemento respecto a los comicios del 20 de diciembre. Tanto Podemos como Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP) exploran desde hace una semana la posibilidad de presentar un programa conjunto de cara al 26 de junio con el objetivo de confluir de la mano. La fórmula de siglas, papeletas o listas aún es una incógnita y las reticencias se enmarcan en las consecuencias políticas, pero las iniciativas en materia sanitaria y farmacéuticas no presentarán muchos problemas a tenor de las explicaciones de los responsables en esta materia de ambos partidos. De hecho, más del 80 por ciento de la militancia de Izquierda Unida que ha ejercido su derecho a voto sobre la confluencia ha dado su respaldo.
El paraguas sobre el que se asentarán todas las medidas sanitarias será la derogación del Real Decreto-ley 16/2012. En esta materia, ni el portavoz de Izquierda Abierta, Gaspar Llamazares, ni el miembro del área Estatal de Salud de Podemos, Javier Padilla, han mostrado discrepancias. “En este tema coincidimos muchos más, prácticamente todos a excepción del PP”, señala Llamazares.
La derogación del texto legislativo por sí mismo significa un acuerdo de mínimos que deja muchas incógnitas por resolver. Una de ellas es el calendario vacunal. Analizando los programas electorales con el que concurrieron ambas formaciones el pasado 20 de diciembre, se encuentra que IU apunta hacia un calendario común, mientras que Podemos no hace mención alguna a este tema. “Es cierto que no lo recogíamos pero tampoco poníamos lo contrario, por lo que no será un escollo. Nosotros, realmente, no lo recogíamos porque creemos que hay una tendencia a la convergencia y nosotros lo fomentaremos”, resuelve Padilla. Sin embargo, para Llamazares es necesario ir algo más allá en matera de Salud Pública y “traspasar las fronteras autonómicas y comenzar el diálogo a nivel europeo”.
Las posibles disensiones en el aspecto vacunal contrastan con la alineación sobre la necesidad de revisar la lista de medicamentos que están incluidos en la financiación pública. A pesar de las múltiples posibilidades que podrían derivar de este planteamiento, Padilla concreta que se trata de evaluación. “Queremos analizar tanto los medicamentos que están ya incluidos como los que esperan a entrar en la financiación mediante un organismo independiente como podría ser el NICE británico para ver quién merece estar y quien no”, asegura el responsable de Podemos. Sobre este planteamiento, Izquierda Unida no encuentra nada que no pueda casar con su proyecto político.
Sin embargo, el partido de Llamazares sí que observa vaivenes en relación con los copagos. Durante el corto periodo de legislatura, Podemos ha defendido en el Congreso de los Diputados hasta tres posiciones distintas que descolocan al líder de Izquierda Abierta. Por un lado, presentó en el hemiciclo la Ley 25, donde pedía el fin de cualquier tipo de copago, tanto farmacéutico como sanitario. Lo hizo días antes de que Pablo Iglesias le entregara al PSOE un documento donde aceptaba los términos de Pedro Sánchez y Albert Rivera, que apuntaban a eliminar copagos para personas con dificultades económicas. Además, en la Comisión de Sanidad, la portavoz de Podemos, Marta Sibina, defendió una Proposición No de Ley (PNL) donde respetaba el concepto de copago introducido por el RD 16/2012 si bien lo matizaba con más tramos por renta. “Yo no lo hubiera votado porque es el mismo modelo del Partido Popular. No es un problema de tramos, se trata de adquirir un compromiso a la hora de financiar la Sanidad. No veo razón para que haya copagos por tramos de renta. Todo lo que no sea derogación no debería ser apoyado”, explica Llamazares. Desde Podemos, Padilla defiende que su modelo es “el de la Ley 25” pero que la PNL defendida por Sibina responde a un punto intermedio “que marca el camino hacia la desaparición de los copagos de forma progresiva”.
