La UE estudia vías para compensar a los países que “exportan” sanitarios

Las fórmulas que podrían barajarse son las políticas de cohesión de la unión o los fondos estructurales
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08 may 2015 - 16:00 h
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La Unión Europea es consciente de la necesidad de introducir mecanismos de compensación dirigidos a los estados miembro que realizan una gran inversión en la formación de profesionales sanitarios que, finalmente, terminan exportando, como es el caso de España. Según ha explicado a este periódico Soledad Cabezón, cardióloga y eurodiputada socialista, esta fue una de las principales novedades en el debate sobre la movilidad de los profesionales sanitarios que el pasado martes irrumpió en el Parlamento Europeo, en el marco de una jornada sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas de la Organización Mundial de la Salud para el reclutamiento internacional de personal sanitario en el contexto europeo organizada, entre otras instituciones, por la Alianza Europea de Salud Pública (Epha, por sus siglas en inglés).

Cabezón, la única española entre los ponentes, indica que esta reflexión fue planteada por los representantes de la comisión, que barajan propuestas como la posibilidad de hacer uso de la política de cohesión de la Unión Europea, en la línea de otros sectores, o de los fondos estructurales. En cualquier caso, ambas ideas fueron también reforzadas por Linda Mans, coordinadora de la organización Trabajadores Sanitarios para Todos, organizadores también del evento, que insistió en que “la Unión Europea, con sus instrumentos de política de cohesión debe mejorar su labor para ayudar a retener a los trabajadores sanitarios en sus países de origen”.

No es la mejor solución

Sin embargo, para la eurodiputada socialista esta no es la mejor solución, ni tan siquiera para los países “exportadores” de fuerza de trabajo sanitaria. “Sería una política errónea pensar en seguir formando a cambio de dinero, no defendería eso para España. Lo mejor para nuestro país es mantener una formación pública, acreditada y de prestigio, como la que tenemos”, indica. Todo ello, asegura, “al margen de que determinados países hayan decidido no invertir en formación, sino dar entrada a los profesionales que circulan libremente”.

En la jornada se analizó este fenómeno, que afecta especialmente a los países del sur de Europa, pero también a Polonia, Bulgaria y particularmente a Rumanía, donde desde 2007 varios miles de médicos y enfermeras han recibido certificados que les permiten trabajar en otros estados miembro de la UE.

En nuestro país, a lo largo del año pasado (ver GM, nº 539), la Organización Médica Colegial emitió hasta noviembre un total de 3.300 certificados, un 0,6 por ciento más que en 2013, mientras el número de profesionales de enfermería que pidieron la acreditación para poder trabajar en el extranjero creció un 10 por ciento, un total de 1.108 profesionales.

Alcanzar el equilibrio entre la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la movilidad de los trabajadores no es fácil. No es sencillo, expone Cabezón, porque hay que partir de que la libre circulación es un principio básico en la Unión Europea, una seña de identidad. “No podemos orientarnos a medidas que limiten, sino ver qué se puede hacer para que países con déficit de personal y profesionales con necesidad o estímulos para ejercer en otros países vean sus inquietudes satisfechas”, apunta.

Una cuestión de modelo

En el fondo, para la eurodiputada socialista se trata de una cuestión de modelo. En su opinión, las políticas que se han aplicado en la última década dan lugar a esquemas sanitarios diferentes. En el caso español, indica, durante muchos años se ha apostado por la fórmula sanitaria pública, que conlleva una fuerte inversión en la formación de los profesionales. Una prioridad que ha dejado de serlo en otros países, y no por dificultades económicas, como Alemania, sino que se debe a una tendencia en la que el Estado ha dejado de ser el principal garante de esa necesidad pública. A partir de ahí, matiza, se produce un déficit de profesionales y teniendo en cuenta que la crisis ha agravado la situación en países como España, se produce un efecto llamada para los profesionales sanitarios.

En su opinión, es preciso definir nuevas medidas. “Está claro que hay que mejorar la situación del personal sanitario y la sanidad pública. Si hemos sido receptores de personal sanitario y ahora exportadores es obvio que algo ha cambiado, algo tan simple como la reducción del 20 por ciento del presupuesto sanitario o las limitaciones en la reposición del personal”, puntualiza.

Planificación adecuada

La precariedad laboral es importante, admite, pero hay muchos factores más. “Hay que hacer un buen análisis y realizar una planificación adecuada, que es algo de lo que tampoco hemos sido capaces”, reconoce. En la misma línea, subraya que falta la voluntad de reforzar el sistema sanitario público, de definir qué modelo se quiere para España.

Asimismo, considera que es preciso potenciar iniciativas para recuperar y retener a los profesionales, en la línea del Programa Talento, puesto en marcha por Andalucía. “Es importante para países como España poner en marcha medidas que permitan dar marcha atrás a esta fuga de cerebros, pero no hay experiencias en otros países en esta línea”, indica.

No obstante, la portavoz socialista ve algunas limitaciones en la movilidad, especialmente en lo referente al idioma. Aunque hoy en día, asegura, nadie ejerce en un sistema sanitario sin conocimientos de la lengua local.

La implantación definitiva de la directiva europea de cualificación profesional, cuya fecha límite es enero de 2016, con iniciativas como la tarjeta profesional europea, que según la eurodiputada aportará seguridad, rapidez, el reconocimiento automático de las cualificaciones y la simplificación del procedimiento, con ventajas para la administración y para los profesionales, permitirá ganar mucho en eficiencia y operatividad en trámites que hasta ahora conllevan mucha burocracia y un gran consumo de recursos, subraya.

Aún así, la directiva deja pendiente flecos que habrá que resolver. El principal, para Soledad Cabezón, que promueve la movilidad pero no garantiza que en el país de destino los derechos de los sanitarios sean equitativos a los de quienes ejercen allí con la misma cualificación, un campo en el que, afirma, “queda un largo camino por recorrer”.

Desde el Consejo General de Enfermería (CGE), su presidente, Máximo González Jurado, asegura que es razonable la búsqueda de medidas compensatorias para los países “creadores de empleo”. “Es algo que llevamos pidiendo mucho tiempo”, defiende el portavoz, que considera lógico que este importante esfuerzo formativo se compense económicamente. “Hace años estuve en la comisión y les dije que podríamos ser la fábrica número uno de enfermeras bajo un modelo único financiado por la Comisión Europea. Lo que no nos pueden pedir es que hagamos el esfuerzo y luego se lo queden gratuitamente ellos”, recuerda. En la misma línea, el portavoz de enfermería insiste en que está a disposición de los parlamentarios si finalmente se estudia alguna medida en esta dirección. Respecto a la igualdad de condiciones de los trabajadores sanitarios en todos los países, el presidente de enfermería cree que debe garantizarse en la directiva de servicios profesionales, no en la de cualificaciones. También remarca las últimas actuaciones del CGE para mejorar la situación laboral del colectivo e insiste en que las malas prácticas son denunciables ante la Unión Europea. C.M.L.

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