Las CC.AA. comienzan con los recursos a la prescripción en el TS y el TC

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12 feb 2016 - 16:00 h
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Las comunidades autónomas ya han cumplido con su promesa de impugnar el decreto enfermero, tal y como vienen anunciando desde que el Gobierno lo aprobó hace más de dos meses.

En los últimos días varias autonomías han presentado sus recursos a la justicia española, no solo han acudido al Tribunal Supremo, también al Constitucional.

La semana pasada, el Gobierno Balear interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el Real decreto 954/2015. La administración ha pedido como medida cautelar que se suspenda su aplicación hasta que se resuelva definitivamente el recurso interpuesto.

En este sentido, la Consejería de Salud defiende la capacitación de los enfermeros y argumenta que la nueva normativa les impide llevar a cabo de manera autónoma centenares de actuaciones que hasta ahora hacían con normalidad y con formación y eficiencia probadas.

Asimismo, el Gobierno de Navarra decidió también querellarse contra la normativa. En este caso, el ejecutivo foral entiende que la norma es contraria al “ordenamiento jurídico” .

Del mismo modo, el Gobierno andaluz lo llevará al Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien explica que este requerimiento se produce tras un estudio realizado por parte del gabinete jurídico de la Junta, a petición de la Consejería de Salud, en el que se advierte de “invasión de competencias” por parte del Ejecutivo.

En la misma línea, en Cataluña el consejero de Salud de la Generalitat, Toni Comín, también ha anunciado que Cataluña presentará de forma “inmediata” un recurso contencioso-administrativo ante el TS.

Todos ellos se suman también al contencioso-administrativo que presentó País Vasco hace varias semanas. Y faltarían Extremadura, Cantabria, Canarias, Aragón, que lo harán próximamente.

Con todo, habrá que ver si la resolución judicial para las autonomías no sigue el mismo rumbo que la que se dictaminó para los recursos del Consejo General de Enfermería y Satse, que pedían la suspensión cautelar del artículo 3.2 del decreto, y que finalmente denegó.

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