El gasto sanitario de las comunidades autónomas quedará limitado por la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). A pesar de las críticas que había cosechado esta iniciativa entre todos los grupos de la oposición, el Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas para aprobar esta enmienda al Proyecto de Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Sólo Convergencia i Unió (CiU) mantuvo sin éxito las negociaciones con el PP hasta el inicio de la Comisión. Finalmente el grupo catalán decidió mantenerse junto al resto de las formaciones y no dar respaldo a la propuesta popular. “A través de un pretendido instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario se pretende intervenir directamente en competencias de gestión autonómica”, denunció el diputado catalán Antoni Picó i Azanza. La rebaja de las sanciones que había propuesto el PP no terminó de convencer a la formación nacionalista.
La iniciativa, que recibió luz verde en la comisión del jueves con 23 votos a favor, 17 en contra y una abstención, debe pasar ahora por el Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado para su aprobación definitiva. Pese a las discrepancias, el PP no cerró la puerta a nuevas conversaciones con el resto de los grupos durante el proceso parlamentario. Su portavoz adjunta de Hacienda y Administraciones Públicas, María Eugenia Romero, trasladó a la oposición que “es un tema que está abierto a negociación y que a lo largo del procedimiento parlamentario de este tema, tanto en el Congreso como en el Senado, se podrá intentar llegar a un acuerdo sobre la materia”.
Las opiniones de los miembros de la oposición sobre el establecimiento de un techo parecen descartar un acuerdo de estas dimensiones. “No tiene ningún sentido que se ligue la financiación de cada comunidad autónoma del sistema sanitario con el crecimiento del PIB nacional”, señaló la portavoz adjunta de hacienda del Grupo Socialista, María José Vázquez Morillo.
Pero las críticas de Vázquez Morillo fueron más allá. La diputada socialista lamentó que el Gobierno no haya contado con las comunidades autónomas a la hora de tomar una decisión sobre esta iniciativa. “Ni siquiera lo ha informado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”, insistió.
Instrumento de sostenibilidad
La portavoz popular de Hacienda subrayó que la enmienda persigue el objetivo de “crear un nuevo instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitaria de adhesión voluntaria para las comunidades autónomas”.
El resto de las formaciones expresaron sus dudas acerca de la meta planteada por el PP. “Difícilmente podemos entenderlo así cuando es el Gobierno del Estado el que aprueba nuevas prestaciones sanitarias pero no dota económicamente a las comunidades autónomas a través de su financiación”, señaló el diputado de CiU.
Sólo Unión Progreso y Democracia decidió abstenerse en la votación. El grupo que lidera Rosa Díez se mantuvo partidario del establecimiento de “techos de gasto” con el fin de “para garantizar un gasto mínimo en sanidad y educación que garantice una calidad alta y similar en las diferentes comunidades autónomas y que, en caso de recortes, obligue a priorizar otro tipo de recortes”, señaló su representante, Álvaro Anchuelo Greco, aunque reclamó un sistema “más sencillo y transparente en lugar de esta multiplicidad de fondos”.
