Las reacciones por parte de las comunidades autónomas a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara la ilegalidad del céntimo sanitario, no han tardado en llegar. Desde 2002, la mayoría de las autonomías cobran este impuesto cedido por el Estado, excepto Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias, que tienen los precios más baratos del combustible. Sin embargo, con el fallo en contra de España, los gobiernos autonómicos lo tienen claro, se trata de un impuesto estatal y es el Gobierno el que tendrá que hacerse cargo de las devoluciones.
La semana pasada el Tribunal de Justicia europeo declaró que el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMD) es contrario a la directiva sobre los impuestos especiales. Así consta en la sentencia hecha pública, que añade que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”.La cuestión judicial originada tras la demanda de un empresario catalán que entre 2005 y 2008 abonó un importe de 45.632,38 euros por el céntimo sanitario, ha respaldado finalmente las conclusiones del abogado general de la UE, Nils Wahl, que ya consideraban ilegal este impuesto.
Tanto como Cataluña como el Gobierno solicitaron al Tribunal que limitara los efectos en el tiempo de la presente sentencia en el supuesto de que declare que el impuesto es contrario al Derecho de la Unión. Ponían de manifiesto que el céntimo sanitario “ha dado lugar a una gran cantidad de litigios y que la obligación de devolver dicho impuesto, cuyo rendimiento alcanzó alrededor de 13.000 millones de euros entre 2002 y 2011, pone en peligro la financiación de la sanidad pública en las CC.AA.”. Sin embargo, la justicia europea no ha prestado oídos a esta reclamación.
