Entre las acciones sanitarias adoptadas por el gobierno socialista a lo largo de su última legislatura, el cambio de estatus de la píldora del día después (PDD), levonorgestrel, de tal forma que pudiera ser adquirida por las ciudadanas en cualquier establecimiento farmacéutico sin necesidad de presentar receta alguna, fue una de las más cuestionadas por el PP.
Ahora, con los populares en el Gobierno, y después de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciase hace tres semanas que su departamento encargaría un informe médico y científico de la situación regulatoria de este medicamento en toda Europa, así como de las repercusiones del mismo en la salud de la población femenina y de los menores en desarrollo, el PSOE registró una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para mantener la dispensación en sus términos actuales.
En dicha iniciativa, presentada por el portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, Jesús Martínez Olmos, se insta al Gobierno a mantener el “actual estatus de la anticoncepción hormonal de urgencia”. Según se defiende desde la oposición, este método es “la mejor opción para conseguir una disminución de la tasa de interrupción voluntaria de embarazos”.
Se trata del enésimo episodio en la polémica por la dispensación, sobre la que varios organismos se encuentran litigando desde su modificación en 2009. A este respecto, la libre dispensación de la PDD cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), que a principios de este mes publicó un informe en el que aseguraba que la libre adquisición de la píldora “no aumenta la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni la frecuencia de relaciones sexuales sin protección”.
Andoc, en contra
Estas afirmaciones no son compartidas por José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación para el Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), para quien esta iniciativa no es nada nuevo, sino más bien la misma “propuesta política presentada por los mismos apellidos y con el mismo objetivo, que no ha tenido ningún éxito hasta ahora”.
A este respecto, Díez señala que “vuelven a los viejos argumentos, pero la realidad de los datos indica que desde el inicio de la comercialización de la píldora en 2001, el número de abortos ha subido un cien por cien, con la excepción de la leve bajada registrada en 2009”, señala, e incide en la multiplicación, por cuatro y por dos respectivamente, de las tasas de ETS como la sífilis y la gonococia. “Desde Andoc, esperamos que el Gobierno actual sea coherente con lo que pidió en el Senado en 2010: volver a la receta y respetar el derecho de objeción de conciencia de los farmacéuticos”, subrayó.
Por su parte, los representantes de los COF de Valencia y Tenerife, Jaime Carbonell y Guillermo Schwartz, coincidieron en que, tanto si el Gobierno dice retirar la libre dispensación como si la mantiene las condiciones actuales, los farmacéuticos de ambas comunidades se circunscribirán a cumplir “con la ley vigente, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora”.
