Esther Martín del Campo Madrid | martes, 24 de junio de 2014 h |

La e-salud es una de las grandes apuestas estratégicas de los próximos años. El reto es lograr que la receta electrónica sea interoperable. Estas dos ideas, que la ministra de Sanidad, Ana Mato, defiende siempre con contundencia, la última vez en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de Toledo, dan una pista del peso conceptual de estas nuevas tecnologías en el sistema sanitario. Sin embargo, el análisis de los informes sobre el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud (Hcdsns), presentados con un cierto triunfalismo ante los medios tras el encuentro, reflejan un avance más que lento y desigual en las comunidades que está muy lejos de lo que, a primera vista, perfilan los datos.

Según el informe sobre receta electrónica, más del 77 por ciento de las prescripciones en nuestro país son electrónicas, lo que significa que 62 millones de recetas al mes no necesitan ya papel, remarca el ministerio. Con ello se ha conseguido una reducción de entre el 15 y el 20 por ciento de las consultas, evitando desplazamientos innecesarios y aportando, además, mayores garantías de seguridad para el paciente, pues evita errores en la medicación. En once comunidades autónomas más del 74 por ciento de las recetas se dispensan en formato electrónico (ver mapa).

Sin embargo, la realidad es que sólo ocho comunidades tienen la receta electrónica totalmente implantada (Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana) y cinco han alcanzado su implantación total en primaria, y están pendientes de iniciarlo o finalizarlo en especializada (Aragón, Canarias, Cantabria, Navarra y Ceuta y Melilla). De igual modo, Canarias comienza ahora el pilotaje en atención especializada y La Rioja en primaria.

El informe destaca el alcance de la receta electrónica: 43,3 millones de personas, 35.000 médicos de atención primaria, 60.000 de especializada, 21.500 oficinas de farmacia y 18 servicios de salud. Pero también evidencia sus lagunas, con datos que confirman que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, apenas llega a la mitad de los centros de salud, aunque está prácticamente implantada en los consultorios, y extendida aproximadamente al 30 por ciento de las farmacias.

En una situación similar se encuentran regiones como Asturias, con el cien por cien de las farmacias, pero alrededor del 40 y el 20 por ciento de centros de salud y consultorios, respectivamente. Y ajenas casi por completo a este sistema regiones como Murcia, La Rioja y Castilla y León, que tendrán que agilizar el paso si quieren cumplir con las previsiones del Gobierno, que espera que esté implantada en todas en 2015, recalculando el plazo inicial de 2013.

Una vez extendida, como insiste la ministra, el reto es lograr su interoperabilidad. Y ello están desde abril del año pasado que se puso en marcha el proyecto piloto, en el que participan Canarias, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha, el verdadero objeto de este informe.

Desde entonces se han adoptado los requisitos tecnológicos y funcionales: servicios de interoperabilidad como identificación del paciente, códigos específicos, lista de medicamentos, detalle de receta concreta o consolidación de la dispensación donde se realizó la prescripción. Canarias y Extremadura han completado ya el desarrollo de estos servicios como emisores y receptores. Castilla-La Mancha sólo parte de ellos y Cantabria empezará en julio, pero esperan aprender del proceso en las dos primeras comunidades y lograr que se agilice su implantación. Según el informe, también se trabaja en el diseño de criterios comunes de relación entre profesionales y pacientes, sobre criterios de eficiencia, y se contempla la incorporación de la nueva codificación de principios activos y aspectos de la prescripción del nuevo nomenclátor.

Extremadura y Canarias incluirán pacientes en condiciones reales en octubre, tras realizar pruebas de intercambio de información, y se calcula que el proyecto esté finalizado en octubre. Entre tanto, Extremadura probará además un boceto de interoperabilidad con la receta electrónica de Muface.

Más inversión

Inmaculada Pérez Garro, directora de la Región Este de GMV Secure eSolutions y una de las ponentes de la jornada ‘TIC, una oportunidad en auge’, organizada por el Observatorio Zeltia y la Cátedra Innovación Salud y Comunicación, coincide con la ministra en que el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica es un auténtico reto para el SNS. Durante el encuentro, los expertos reclamaron una mayor inversión tecnológica para lograr pasar de la fase de “novedad” a la de “madurez”, ya que, según subrayaron, el presupuesto en estas tecnologías apenas supone el 1,4 por ciento del gasto sanitario, alrededor de 700 millones de euros anuales.

“Son proyectos de envergadura, con alto grado de interlocutores y múltiples sistemas de información que implican tanto acuerdos tecnológicos como gestión y planificación de hitos intercruzados”, explica Pérez a GM. La experta admite que se han ralentizado durante la crisis, “tanto en las administraciones como en la industria”, pero también que han tenido que superar otras barreras. El proyecto de historia clínica digital, por ejemplo, anterior a la recesión, ha tenido que afrontar “cambios culturales, en los procedimientos de trabajo, y alcanzar la madurez y la experiencia”.

A diferencia de la receta electrónica, más avanzada y con un impacto en el control económico del sistema sanitario más visible, la historia clínica digital del SNS se halla en una fase mucho más incipiente. No obstante, para Pérez, su rentabilidad es clara: “mejora la calidad asistencial y provoca un cambio en los procesos que hace al sistema de salud mucho más eficiente, ahorra tiempo y evita duplicidad de pruebas”.

El informe presentado por Sanidad recalca que a día de hoy 20 millones de personas disponen de información clínica interoperable. El informe dibuja un escenario heterogéneo en oferta de servicios y cobertura. Una docena de comunidades están conectadas al sistema: Galicia y País Vasco con un perfil receptor (ver cuadro), y Castilla y León y Asturias son sólo emisores. El resto, con la excepción de Andalucía y Cataluña, que están en fase de pruebas para su incorporación, proporcionan un perfil doble. En cualquier caso, el nivel de cobertura es sumamente dispar, con casi el cien por cien de las tarjetas activas en Navarra o La Rioja y porcentajes mínimos en Aragón o Castilla y León.