Aunque los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) son, en principio, una buena herramienta para comparar un nuevo fármaco frente a sus competidores, el reto ahora está en “permear y que el resultado llegue a los prescriptores”, tal y como señaló Juan del Llano, director general de la Fundación Gaspar Casal, para añadir que en ese campo “hay un vacío”.
En este sentido, Del Llano opinó durante la presentación del libro ‘Política y evaluación de los medicamentos hospitalarios’ que se ha avanzado “muchísimo” en transparencia por el hecho de ser públicos, sin embargo, estos informes “no pueden ser tan densos, porque el médico no se los lee”, y sería conveniente hacer resúmenes de una hoja y media y que también estuviesen disponibles.
Asimismo, indicó que las compañías adjuntan dossiers con la evaluación económica de los fármacos, pero lo hacen “voluntariamente”, al contrario de lo que sucede en otros países. Abogó por conocer cada vez más cómo es el binomio innovación-sostenibilidad, relacionado estrechamente con la eficiencia, una vez comprobadas la efectividad y la eficacia (en vida real).
Medir la efectividad
El director de comunicación y relaciones institucionales de TEVA, Rafael Borrás, por su parte, consideró “lógico” que cuando salen a la calle innovadores puedan compartirse algunos elementos que midan la efectividad del fármaco, pero matizó que lo difícil es evaluar y encontrar los indicadores primero y, posteriormente, cómo los siga el clínico y la evaluación que se realicen a través de herramientas externas. Pero, el hecho en sí de que se lleve a cabo una evaluación es adecuado porque si un laboratorio comercializa un medicamento es porque cree que puede aportar valor.
Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y uno de los autores del libro, apuntó a que, en lo que a acuerdos de riesgo compartido se refiere, se llegó a la conclusión de que el trabajo colaborativo dentro del hospital por los diferentes agentes es fundamental. Además, lo es —continuó Calleja— tanto en la parte puramente clínica, que debía liderar el establecimiento de qué parámetros y variables clínicos han de medirse para evaluar el resultado en salud del medicamento, como en el aspecto también clínico pero más específicamente relacionado con la farmacia en lo que a la facilidad y ayuda en el registro de estos resultados se refiere, así como el seguimiento de los resultados en salud en la vida real y la parte económica del centro.
En relación con esta última, la farmacia debe de facilitar la relación con el laboratorio farmacéutico para obtener el reembolso en aquellos pacientes que no hayan respondido adecuadamente al tratamiento, así como colaborar con la compañía y el sistema sanitario para buscar los mejores resultados en salud en las personas y generar un compromiso por todas las partes en el seguimiento de estos datos.
Calleja incidió en que es importante también que se establezca un compromiso con el ciudadano en el tiempo. Aunque el resultado de salud para el retorno económica pueda ser medido en el corto plazo —un año aproximadamente—, el compromiso del riesgo compartido por el paciente debiera ser también a largo plazo, es decir, una vez que es incluido en un acuerdo de este tipo, el seguimiento al mismo tendría que ser prolongado.
“Siempre hay sitio para las innovaciones de todo tipo, lo que falta para hacerlo es desinversión”, opinó Pedro Gómez Pajuelo, economista de la salud y coautor del libro. Y es que, a su juicio, es algo que todavía no se ha hecho en España y habría que preguntarse si es necesario que estén financiadas tantas presentaciones como las 14.000 del SNS. Asimismo, insistió en que “espacio hay” para desfinanciar, pero lo importante es saber dónde está lo innecesario para empezar.
