Recortes/ Todas las organizaciones secundan definitivamente la manifestación nacional del 23 de febrero y advierten de otros actos de protesta

Los médicos confirman sus acciones en bloque

l Reclaman a Mato que medie en los conflictos autonómicos y, en caso de no tener una respuesta en 15 días, elevarán esta petición a Rajoy

l Los sindicatos madrileños de enfermeros y facultativos anuncian la próxima convocatoria de una huelga que no descartan sea indefinida

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11 ene 2013 - 18:00 h
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La profesión médica en bloque ha confirmado que se movilizará el próximo 23 de febrero a nivel nacional y que sacará adelante todas las acciones de protesta “oportunas” contra todas las medidas que están poniendo “en riesgo” la viabilidad del sistema público, “deteriorando” las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y “atentando” contra la calidad asistencial.

Así lo han corroborado tanto la plataforma Unidad de Acción Médica (UAM) —que forman la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme)— como el Foro de la Profesión Médica —al que pertenecen estas entidades además del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Conferencia de Decanos y la Comisión Nacional de Especialidades Médicas— y el Comité Ejecutivo de CESM que han mantenido varias reuniones extraordinarias esta semana para decidir el respaldo a la convocatoria de la macromanifestación en Madrid propuesta por el Foro.

Incluso el Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), que ha tenido conocimiento con “gran preocupación” del plan de reforma del sistema sanitario español, ha apoyado los “esfuerzos” de esta comunidad en su lucha por una asistencia sanitaria de “gran calidad “en estos tiempos de crisis ante los “restrictivos recortes” y las “severas medidas de privatización” propuestas por el Gobierno, que en su opinión, “agravan” los riesgos para los pacientes —especialmente de los grupos más vulnerables— y ponen “en peligro” las condiciones laborales de los profesionales.

Además, los representantes de los facultativos han pedido a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que convoque de forma urgente el Consejo de la Profesión Médica —formado a iniciativa de su propio departamento el pasado 22 de octubre— para analizar la situación actual del Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente la de aquellos servicios autonómicos —como los de Andalucía, Asturias y Madrid— donde el malestar está siendo más patente y sobre los que han solicitado su mediación aunque, en caso de no recibir una respuesta las próximas dos semanas, reclamarán la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pese a que Mato ha asegurado que mantiene un “contacto permanente” con todos los agentes implicados en estos conflictos.

Propuesta de ahorro

En el caso madrileño, el sindicato médico Amyts —adscrito a CESM— ha hecho llegar al consejero regional de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, al presidente autonómico, Ignacio González, e incluso al ministerio, un plan de ajuste de gasto sanitario alternativo al aprobado en la comunidad que implica, según sus estimaciones, un ahorro de 602,5 millones de euros,—69,5 millones más que la propuesta de Fernández-Lasquetty— sin tener que recurrir a la “privatización” de la gestión ni “reducir plantillas” pues la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud implica un coste de 83,5 millones de euros más al año, frente al ahorro de 200 millones que cuantifica el Ejecutivo regional.

El sindicato también cifra una reducción del gasto en receta de primaria de 126 millones de euros, en farmacia hospitalaria de 75 y de otros 150 en la central de compras, mientras que la implantación de la jornada de tarde —en sustitución de las horas extraordinarias— sumará otros 30 millones de euros de reducción y conllevará la disminución de las listas de espera, que supondrán 23 millones más de ahorro, además de otros 32 en gestión clínica y protocolarización.

Sin embargo, ni esta central ni el resto de las presentes en la mesa sectorial han sido convocadas por la consejería para continuar con las negociaciones que se quedaron paralizadas en diciembre, por lo que han continuado con los actos del protesta —el 13 de enero la denominada “marea blanca” volvió a tomar las calles de la capital— y las ejecutivas de Amyts y del sindicato enfermero Satse, han acordado convocar una huelga cuya duración determinarán próximamente, aunque advierten que puede ser indefinida.

Estas manifestaciones están siendo secundadas por el Comité Coordinador Profesional —que forman la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y representantes de los jefes de servicio, de los coordinadores de planes estratégicos, de centros de salud y del Colegio de Médicos—, que también ha anunciado posibles paros indefinidos durante un día a la semana en un plazo aproximado de 15 días si durante ese periodo salen a la luz los pliegos de condiciones de la externalización de centros.

Este Comité sí ha mantenido un nuevo encuentro con la Administración, aunque no han conseguido a alcanzar un acuerdo sobre las alternativas de ahorro sanitario al plan de sostenibilidad pues mantienen las discrepancias sobre dicha externalización, cuya retirada es “innegociable” para los facultativos, que sí han apreciado una disposición al diálogo “distinta” por parte de la Sanidad. De hecho, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, ha propuesto constituir grupos de trabajos según la relación de áreas y propuestas que plantee el Comité.

También en Asturias, el Sindicato Médico Profesional (Simpa) y el Gobierno del Principado parecen haber llegado a cierto entendimiento tras la paralización por parte del segundo de la aprobación del decreto de jornada, lo que ha llevado al primero a suspender los paros previstos para los días 14, 16 y 18 de este mes, quedando así en suspenso las jornadas de huelga que mantiene desde hace cuatro meses.

Con la misma intención, los facultativos andaluces han dado de plazo hasta el 15 de enero como fecha límite para que la consejería regional abra una vía de diálogo y evite así el comienzo de una huelga indefinida por parte del colectivo. Tanto el Sindicato Médico Andaluz (SMA-CESM) como las coordinadoras provinciales —que invitarán a sumarse a sus protestas al resto del personal sanitario— reclaman la anulación de la jornada semanal de 37 horas y media por su “aplicación arbitraria” e “injusta” respecto al resto de empleados de la Junta, que está suponiendo un recorte salarial adicional al 30 por ciento que ya han sufrido los trabajadores y la pérdida de personal dada la menor contratación de eventuales.

Amyts presenta una propuesta para ahorrar 69,5 millones más que con el plan de Lasquetty

Flores propone crear grupos de trabajo para analizar las medidas de mejora de los facultativos

La Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud de Madrid ha presentado las cartas de renuncia de 322 profesionales de 137 centros —en 90 de ellos la dimisión es de todos sus miembros— al registro central de la Consejería de Sanidad regional, comunicando así su disposición a dejar de realizar estas funciones en caso de que se lleve a cabo la externalización de 27 centros de atención primaria prevista en el plan de sostenibilidad que el Gobierno aprobó dentro de los presupuestos para este año. Junto a ello, también han presentado cerca de 3.000 firmas de profesionales que renuncian a la participación en las comisiones de centro y han acordado retomar las movilizaciones desde el próximo 13 de enero. La consejería de Sanidad, sin embargo, ha minimizado esta “intención de dimitir” resaltando que el 64 por ciento de los directores de centro no la han presentado y que la han firmado solo 99, lejos de los 120 anunciados el mes pasado. Además, la Administración ha renovado al 95 por ciento de los médicos eventuales
—unos 1.900— cuyo contrato finalizaba el 31 de diciembre de 2012, aunque el sindicato médico Amyts ha advertido de que en los hospitales tradicionales la duración de la nueva relación laboral se reduce de seis a tresmeses.

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