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El colectivo médico y el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, José Ignacio Echániz, coinciden en la necesidad de implantar incentivos para los profesionales que dediquen horas extraordinarias en su labor asistencial, la investigación y la formación. Las diferencias surgen en el modelo. En un acto organizado la semana pasada por Previsión Sanitaria Nacional y la Fundación Ad Qualitatem, Echániz defendió la colaboración con el sector privado para llevar a cabo una reforma que permita instaurar incentivos. Los sindicatos CESM y CSI-F defienden que esta iniciativa puede adoptarse dentro del sistema público.
“Creemos que del mismo modo que se otorgan compensaciones en la empresa privada también se pueden introducir en el sistema público unos incentivos por el trabajo bien hecho”, señala Francisco Miralles, secretario general de CESM.
Miralles insiste en que el salario debe incluir una parte fija y otra variable. “Pensamos que se nos debe retribuir por lo que somos, unos profesionales altamente cualificados —a ningún colectivo se le exige tanta formación— y otra parte de retribuciones variables”, ha apuntado.
CSI-F aboga por esta misma postura. El presidente de Sanidad de este sindicato, Fernando Molina, insiste en que deben darse dos condiciones para que puedan aplicarse las retribuciones variables dentro del sistema público: por una lado, “una gestión profesional y no un cargo puesto a dedo por la Administración”, y, por otro, “una financiación finalista”, que impida que se desvíen fondos que inicialmente estaban previstos para asistencia sanitaria a otras partidas.
Molina lamenta que el sistema desincentiva en la actualidad al profesional. “Vemos que el profesional puede acabar desmotivándose con esta situación y esto podría repercutir en la calidad asistencial”, denuncia. A causa de la crisis económica, los presupuestos destinados a investigación hospitalaria y a formación se han reducido de forma drástica. Estas razones, han llevado a muchos médicos a salir de España.
