La reactivación de las alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) en Andalucía ha puesto en alerta al colectivo médico. Apenas dos meses después de que el Tribunal Administrativo de Relaciones Contractuales (TARC) de esta comunidad autónoma decidiese la anulación del procedimiento, el Servicio Andaluz de Salud ha publicado unos nuevos pliegos con las modificaciones que exigía el tribunal. No han sufrido cambios ni el número de lotes ni las cantidades económicas fijadas.
El rechazo expresado por diversas sociedades científicas tras la convocatoria del concurso el pasado verano y el cambio de consejera al frente de Salud el pasado septiembre no han frenado los planes de la Junta de Andalucía. “La resolución del TARC sólo afecta a determinados criterios técnicos de evaluación de las ofertas sin entrar a cuestionar el procedimiento en sí mismo ni sus objetivos, que son la posibilidad de seleccionar un principio activo entre los disponibles para una indicación”, ha señalado la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, a este periódico. Una vez introducidos los cambios que exigía el tribunal, “se seguirá adelante con el procedimiento para volver a dar la oportunidad a las empresas a presentarse”, añadió.
Estos cambios consisten en la eliminación de los criterios no automáticos, que hacían referencia a la presentación de los medicamentos, envasado, calidad y características galénicas de la forma farmacéutica e investigación y desarrollo farmacoterapéutico.
Más peso económico
Eliminados estos puntos, ganan peso los criterios económicos. La consejera insiste en que en la selección de los principios activos se ha tenido en cuenta tanto la evidencia científica que reflejan los ensayos clínicos disponibles, el análisis de la práctica clínica de los profesionales implicados en cada caso, el consenso profesional que reflejan guías y protocolos de actuación nacionales e internacionales disponibles para cada una de las indicaciones, “así como recientes informes de posicionamiento terapéutico (IPT)”.
No obstante, las sociedades científicas lamentan que la Junta de Andalucía no haya buscado el consenso antes de iniciar el proceso de las ATEs. Con esta decisión, los médicos han visto atacada la libertad de prescripción. “Dejan un medicamento para cada enfermedad y el médico ya no tiene nada que decir”, señala Francisco Martínez Amo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). “Es un cortapisa para la libre elección de medicamentos”, subraya Guillermo Izquierdo, ex presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN).
Criterios económicos
Los médicos lamentan que en el establecimiento de los lotes hayan primado criterios economicistas y no se hayan tenido en cuenta cuestiones clínicas. “No se pueden considerar equivalentes medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción o con diferente toxicidad, simplemente porque sirvan para tratar una misma enfermedad”, explica Juan de la Haba Rodríguez, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.
Pero la iniciativa de la Junta de Andalucía ha generado otra preocupación entre los profesionales: las repercusiones legales. “Las ATEs no son un concepto científicamente reconocido por lo que su utilización práctica puede perjudicar la seguridad jurídica de médicos y pacientes”, expresa Sánchez Amo. El presidente de la CACM advierte de que ante un problema legal, “el médico se sentaría en el banquillo y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sería responsable subsidiario”.
El vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y presidente de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia (AAHH), Antonio Fernández Jurado, advierte también de los efectos legales de la iniciativa andaluza. “La libertad de prescripción se encuentra perfectamente regulada y es inseparable del acto médico”, destaca.
Más inequidad en el acceso
Otro de los problemas que subyacen es la pérdida de equidad dentro del sistema. Tras conocer la decisión del Gobierno andaluz el pasado año, el consejo andaluz reclamó en más de una ocasión que este tipo de decisiones deberían tratarse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que estas medidas “provocan agravios comparativos de unas autonomías a otras”.
Las sociedades científicas denuncian que estas medidas agravaran la falta de equidad en el SNS. “Resulta patético que en estos momentos el acceso al medicamento esté determinado por el código postal del paciente”, explica Fernández Jurado.
Los especialistas temen que esta situación se traslade también a la incorporación de innovaciones al mercado. “Esta medida va a provocar un abaratamiento del producto, lo que supondría que los laboratorios pierdan interés en la investigación”, subraya Izquierdo.
Diversas sociedades científicas han iniciado movimientos internos con el fin de fijar un posicionamiento dentro de su organización. La SEHH incluirá un punto sobre esta materia en el orden del día durante su próxima reunión, prevista para el próximo junio con el objetivo de fijar una posición clara con respecto a esta materia. La SAOM mantendrá contactos con la SEOM para estudiar la decisión de la Junta de continuar con las ATEs con el fin de “articular medidas”. Ya el pasado año, presentaron una queja conjunta a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
La industria farmacéutica también planea acciones. Farmaindustria ya ha anunciado su intención de acudir a los tribunales. Una vez que las ATEs han superado el escollo del TARC, expertos juristas consultados por este periódico señalan que la única vía posible es la sala de lo contencioso. “El problema es que en esta instancia no se suelen obtener medidas cautelares”, apuntan.
María José Sánchez Rubio, consejera de Salud
Francisco José Martínez Amo, presidente del CACM
Juan de la Haba Rodríguez, presidente de la SAOM
Antonio Fernández Jurado, vicepresidente de la SEHH
Gillermo Izquierdo,
ex presidente de la SAN
