Las medidas anunciados por el Gobierno de Artur Mas para el año 2012 han removido de nuevo los cimientos del debate del gasto en Cataluña. Desde el punto de vista de la prestación farmacéutica, las propuestas piden a la consejería que fije su mirada en un copago evitable y una política basada en el coste-efectividad.
Hace unas semanas, la asociación patronal Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) trasladó al consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, y a la secretaria general del Departamento, Rosario Fernández, su apuesta por que el usuario complemente “libremente” el diferencial de un servicio o producto que considere más apropiado, por ejemplo, productos ortopédicos, servicios de atención médica o medicamentos.
Este planteamiento va en la línea de Fefac. La federación catalana de oficinas de farmacia trabaja en un documento que defiende la “libertad del usuario” para escoger una especialidad farmacéutica de marca o genérico dentro del mismo grupo, haciéndose cargo de la diferencia entre el precio menor y el del producto dispensado.
Redefinir la cartera
No es el único movimiento que se ha registrado a nivel profesional desde el anuncio de la tasa por receta y los nuevos recortes salariales. Hace un año, Reino Unido propició varios encuentros entre el NHS, la British Medical Association y el Consejo de la profesión médica. De ellos surgió un documento, Clinical Responses to the Downturn, que explicaba qué podían hacer los médicos de siete especialidades concretas para mantener y reforzar la calidad en la situación financiera actual.
El documento Propuestas para la sostenibilidad y mejora del sistema sanitario público hecho público recientemente por el Colegio de Médicos de Barcelona se desarrolla en los mismos términos.
Su preámbulo lanza una mirada hacia los países que han gestionado con más previsión la preocupación general por la situación económica y financiera de los sistemas de salud. Para intentar racionalizar el aumento continuado de los gastos, la mayoría de estos países, entre los que se encuentran Nueva Zelanda, Suecia, Holanda o Noruega, ha optado por revisar la cartera de servicios y su priorización.
No siempre estas medidas han contado con la participación de los profesionales de la salud, algo que remarcan los más de 350 médicos que han dado a luz al documento catalán. Enmarcadas bajo la necesidad de alcanzar un pacto de estado en sanidad, sus propuestas centran en la evaluación económica la salida al atolladero del gasto farmacéutico.
Existe un amplio consenso entre los diferentes grupo de trabajo a la hora de asegurar que cabría revisar la actual cartera de servicios en los hospitales y centros de salud, no sólo a la hora de priorizar, sino también de redefinir las indicaciones a financiar por el servicio público de salud, para lo que se solicita la creación de una agencia técnica. “Se habría de ajustar, en lo posible, a aquellos procedimientos con suficiente evidencia científica y con mejor relación coste-efectividad”, dice el documento.
Asimismo, se aborda el debate de la financiación sanitaria mediante la apuesta por nuevas fuentes, como por ejemplo tasas a los carburantes, el tabaco, el alcohol o vía IRPF.
Fefac defiende la libertad del usuario para escoger una especialidad haciéndose cargo de la diferencia de precio
Los países que han gestionado la crisis con previsión han optado por revisar y priorizar su cartera de servicios
