Los profesionales sanitarios echan de menos medidas concretas en recursos humanos en el anteproyecto de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Público de la Junta de Andalucía, que recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno la semana pasada y que presentó recientemente el nuevo consejero de Salud, Aquilino Alonso. “Creemos que se obvian cuestiones como la situación de los profesionales que han sufrido tantos recortes durante estos años”, ha explicado Antonio Rico, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Tanto los sindicatos como los colegios entienden que antes de lanzar una normativa de estas características se tendrían que haber compensado las plantillas, tras los ajustes de los últimos años. “Mientras no se resuelva difícilmente va a tener éxito una norma que consolide el sistema sanitario, es poco realista”, afirma Francisco Muñoz, secretario general de Satse Andalucía, quien insiste en que no se trata sólo de corregir los ajustes en “las retribuciones”.
El presidente del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), Florentino Pérez Raya, lamenta que el anteproyecto sea “muy vago en cuanto a principios y medidas que propone”, aunque reconoce como un “acierto que se garantice “la sanidad universal, gratuita y sostenible, sin copagos de ningún tipo”.
Pérez Raya insiste en la misma línea que Muñoz. “Se ha pasado de puntillas por los problemas de plantilla”, a pesar “del enorme número de puestos de trabajo que se han quedado en el camino por la crisis”, afirma. Andalucía es una de las autonomías donde más puestos de trabajo se han destruido en los últimos años. “Da vergüenza que el resto de las comunidades tengan más plantilla que Andalucía, que se encuentra la última en ratio de enfermeras por habitante”.
Tanto SMA como Satse Andalucía coinciden en el aspecto positivo de una ley que blinde el sistema público y rechace de entrada el copago sanitario. Pero a pesar de esta declaración de intenciones, Muñoz desconfía de la norma. “Creemos que debería existir una referencia a las dotaciones que debe tener el sistema sanitario público, aunque sea en función a la población”, afirma. El responsable de Satse Andalucía pone de manifiesto que con un gasto sanitario del 6,2 por ciento sobre el PIB, el coste por habitante se sitúa en 1.044 euros “que dista mucho de la media del Estado”. Por este motivo, reclama más partidas presupuestarias. “Mientras no haya un mayor gasto es difícil que se produzcauna mejora en resultados de salud en la comunidad”, subraya.
ATE y subastas
El texto viene a confirmar la continuidad con las subastas y las alternativas terapéuticas equivalentes (ATE), a pesar del cambio de consejero. La antigua consejera de Salud andaluza y actual secretaria de Sanidad del PSOE, María José Sánchez Rubio, ha manifestado la intención de su partido de exportar estos modelos a las comunidades autónomas de gobiernos socialistas.
Precisamente estas dos medidas han generado controversia entre las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. También en los partidos. Ciudadanos ha expresado su oposición a este modelo y Podemos se ha mostrado más tibio. El Gobierno de Susana Díaz necesitará el apoyo de una de estas dos formaciones para poder aprobar la ley.
