Su llegada al Ministerio de Sanidad se produjo por la necesidad del Gobierno de alejar del Consejo de Ministros cualquier rastro de corrupción. Pero esa era solo la punta del iceberg. Un año antes de las elecciones generales del 20 de diciembre, las encuestas ya anunciaban una debacle para el PP, lo que instaló en Moncloa la convicción de que era necesaria una nueva forma de hacer política en un departamento, el sanitario, que tiene mucho impacto de cara a los comicios.
En tres años, la reforma ejecutada por Ana Mato y Pilar Farjas había posicionado al sistema en una situación de tensión insostenible. Se imponía un perfil distinto, más comunicador y abierto a cambios, dentro de una apuesta continuista. Alfonso Alonso, susceptible de pasar a la posteridad como ‘El comodín’ de Rajoy, encajó a la perfección en la tarea, nada fácil, que tenía por delante. Aunque en algunos asuntos, como en el de la prescripción enfermera, el perfil de “apagafuegos” es relativo, según lo miren médicos o enfermeros.
No obstante, ya en su primera comparecencia en el Congreso demostró dos cosas: una, que las carencias comunicativas del ministerio eran cosa del pasado; y dos, que no se iba a echar atrás a la hora de enmendar la plana a decisiones muy cuestionables de su antecesora.
Empezó con el copago farmacéutico hospitalario y siguió con la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares y la vacuna de la varicela… Tres cambios que a los que pronto podrían sumarse los tres que, vía enmienda, aparecieron vinculados a la negociación con la industria farmacéutica para equiparar el crecimiento anual gasto farmacéutico a la evolución del PIB. Pudo ser así en el caso de la industria innovadora, pero no en la de genéricos, cuyo acuerdo sigue pendiente de firma. El color político del futuro Gobierno dirá también, de paso, si se mantiene el protocolo con Farmaindustria.
Entre todo ello, la crisis por el acceso y la financiación de los nuevos antivirales para tratar la Hepatitis C, un reto de enormes proporciones para el que Alonso, junto con su escudero Rubén Moreno, supo encontrar una respuesta a la altura. Hasta la oposición reconoció que los acuerdos alcanzados en esta materia marcarían un antes y un después en el sistema sanitario. El acuerdo tuvo sus fallos, en la vertiente financiera. El ministerio, en este caso el encabezado por Cristóbal Montoro, no cumplió las condiciones inicialmente establecidas en el Plan, y la hepatitis computó como déficit para las regiones —fue señalada por Hacienda como responsable del desvío de 2015— y tuvo que paliarse con un fondo por valor de más de 1.000 millones de euros. Pero en lo que respecta a la labor de Sanidad y en su conjunto, es innegable que el Plan de Hepatitis C es pionero y único a nivel mundial.
El asunto más espinoso en su trayectoria ha sido la prescripción enfermera. El 28 de enero de 2015 se comprometía con el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse a sacar adelante esta petición histórica del colectivo en la reunión de la Comisión del Pacto por la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que heredaba de Ana Mato, al igual que heredó el pacto con los médicos y los farmacéuticos. En aquel momento, el colectivo de Enfermería entendía que el ministro reafirmaba su compromiso con ellos, pero nada más lejos de la realidad.
El texto del real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros se publicaba en el BOE un día antes de Nochebuena de 2015 e hizo que al colectivo se le atragantara el turrón. La Mesa de la Profesión Enfermera, que aúna al consejo y al principal sindicato de enfermería, denunció que había sido modificado a última hora y sin consultar con ellos.
En su opinión, la redacción final dejaba sin cobertura legal prácticas que forman parte del día a día de los profesionales, como administrar una vacuna tras realizar una exploración clínica a pacientes pediátricos, y que incluso empeoraba la situación actual tanto de profesionales como de pacientes.
A partir de ahí se inició una batalla legal con la presentación de recursos por parte de sindicatos, comunidades autónomas y colegios de enfermería autonómicos ante los tribunales que alcanzó su punto álgido en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que 12 comunidades autónomas mostraron su rechazo al texto y algunas de ellas reclamaron, sin éxito, la derogación del mismo.
Contando con el día de su salida, establecida para el 5 de agosto (presumiblemente su último Consejo de Ministros), el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones ha pasado un total de 612 días en el edificio del Paseo del Prado. Dicen que, después de todos estos meses y después de todo el trabajo realizado, Alonso quería seguir en Sanidad. No ha sido posible. Vuelve a seguir las órdenes de Rajoy para encauzar otras aguas, las del PP vasco. Sobre él recae la responsabilidad de volver a entusiasmar al electorado de cara a los comicios del 25 de septiembre.
