Montón anuncia sanciones y penalizaciones a las concesionarias sanitarias por incumplimientos

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10 feb 2016 - 16:00 h
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La consellera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado este miércoles que van a aprobar un pliego de sanciones y penalizaciones a las concesionarias sanitarias por incumplimientos en los contratos hasta que la gestión de estos hospitales pueda volver al sistema público. Al respecto, ha garantizado que la primera reversión será la de Alzira, cuya concesión expira en marzo de 2018, “en esta legislatura”. “Que nadie espere que se van a renovar los contratos”, ha advertido.

Montón ha presentado este miércoles el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, la publicación en el portal de transparencia GvaOberta de documentos relacionados con las concesiones administrativas sanitarias, que “salen a la luz pública” tras 17 años y tras haber hecho la conselleria “un verdadero ejercicio de arqueología” para recabar esa información porque el anterior Consell del PP “había renunciado a ese control”.

Al respecto, ha señalado que desde que se inauguró este modelo en el Hospital de Alzira en 1999, y continuó en Torrevieja y Dénia en 2006, Manises en 2009 y Vinalopó-Elche en 2010, “el acceso a estos contratos era inaccesible”. Además, ha informado de que carecían de un régimen de penalizaciones “pormenorizado” lo que, además de sanciones por incumplientos, “dificulta también una posible resolución anticipada” de estas concesiones.

Montón ha asegurado que “el compromisos político” de este nuevo Gobierno plasmando en el Pacto del Botánico es devolver la sanidad a lo público, aunque todavía están “barajando todas las fórmulas”, junto a los sindicatos, de cómo se lleva a cabo esta reversión. Pero “el compromiso político está tomado”, ha insistido.

Hasta entonces ha recalcado que durante esta legislatura se fiscalizarán las liquidaciones anuales con las concesionarias entre los ejercicios 2003 y 2012, porque “nunca nunca antes se había realizado ni siquiera de sus cuentas ni de sus inversiones”, que se completará con una auditoría externa de la Sindicatura de Comptes, así como de la calidad “asistencial” para garantizar “la equidad” en las prestaciones.

Para los casos de incumplimiento se aplicará un pliego de sanciones como ya existe en el sistema madrileño que prevé multas de hasta 600.00 euros. “Se trata de que haya reglas del juego claras”, ha explicado.

Del mismo modo, ha señalado que este año tratarán de “agilizar y recuperar” este año la concesión del servicio de resonancias magnéticas, que desde 2008 lleva a cabo la UTE Eresa, en los distintos hospitales públicos. Al respecto, ha explicado que está recuperación se hará en

“cuanto puedan” ya que “no solamente apartaron de lo público” este servicio sino que “secuestraron el conocimiento” y ahora “hay un déficit de profesionales”.

Por su parte, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha explicado que la gestión pública de la sanidad es “uno de los derechos fundamentales” que no puede ser analizado desde una perspectiva económica. En ese sentido, ha argumentado que la Administración pública “no quiere obtener beneficios económicos sino prestar un servicio de calidad”, por lo que los resultados de las concesionarias “siempre serán mejores”.

Es más, ha recalcado que “no se debe sospechar de la Administración que hace pública la información, sino que la pregunta es qué había para que no se pudieran hacer públicos estos contratos durante 17 años, a ver si es que algunos obtiene beneficios económicos sobre la base de incumplir”.

Así, Montón ha destacado que cualquiera que lo desee puede consultar los contratos suscritos con las empresas adjudicatarias de la prestación del servicio sanitario. Además, también se ha incorporado documentación adicional básica relacionada con la regulación de las concesiones como son los pliegos de referencia de estos contratos, es decir, el pliego de cláusulas administrativas; y el pliego de prescripciones técnicas particulares y anteproyecto de explotación.

Asimismo, ha garantizado que más adelante se incorporará nueva documentación, como las comisiones mixtas de seguimiento de los contratos y los documentos de liquidación económica aprobados.

“Control, supervisión rigurosa y transparencia para rendir cuentas a la ciudadanía sobre este modelo del que apenas ha habido información fiable desde que se puso en marcha”, ha apostillado.

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