A pesar de los ríos de tinta que ha generado la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles (ACA) —más conocida como Obamacare—, lo cierto es que en la carrera hacia la Casa Blanca, la atención sanitaria no cuenta con un gran protagonismo. Hillary Clinton es quizás la que más se ha posicionado al respecto, al haber estado en el Gobierno del actual presidente y defender por tanto esta reforma de los intentos republicanos de acabar con ella. Clinton contempla en su programa ampliar la cobertura, bajar los costes de los planes de salud además de planes específicos en autismo y alzhéimer. Unas promesas que han sido tildadas de vagas por otro de los candidatos demócratas, Bernie Sanders, cuya propuesta es “Medicare para todos”.
Del ala republicana, tanto Donald Trump como Jeb Bush tienen en sus propuestas acabar con el Obamacare, reemplazándolo por algo “mucho mejor” que no haga a las compañías aseguradoras “ricas”, como decía Trump. “Vamos a tener un plan que compite, libre mercado”, aseveró el candidato republicano al tiempo que aseveró que van a cuidar de la gente que “está muriendo en la calle”. Los planes de Bush, más detallados en su web, se resumen en tres apartados: promover la innovación en el sistema sanitario —modernizando la FDA y revisando las barreras regulatorias de entrada a la innovación—, bajar los costes de los seguros y dar más poder a los estados para la gestión sanitaria.
Bajar los precios de los fármacos
Con todo, gane quien gane las elecciones presidenciales norteamericanas del 8 de noviembre, tendrá que decidir cómo atajar la tendencia al alza de los precios de los medicamentos. La gran mayoría de los votantes está a favor, aunque dicho objetivo parece imposible de conseguir si antes no se aprueba un nuevo marco legal. Y aunque dicho marco se aprobara, todavía estaría por ver si el efecto que se consigue tiene una traducción real para los ciudadanos. Un informe realizado por la Kaiser Family Foundation ha reforzado estas posiciones. Sus autores aseguran que los potenciales ahorros que se podrían obtener ante una hipotética negociación de precios por parte de Medicare —el programa federal de asistencia sanitaria a personas mayores y discapacitados—, dependen de detalles que aún no ha sido especificados por ninguno de los candidatos presidenciales que apoyan la idea.
Los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders han sido hasta ahora los más explícitos a la hora de declarar la guerra a los precios elevados. Sus discursos durante la campaña electoral han quedado reflejados en sus perfiles de Twitter con frases que hacen referencia a “precios injustificados” y “especulativos” e“indignantes” incrementos del gasto farmacéutico.
Ambos candidatos lanzan un mensaje claro a la industria farmacéutica en EE.UU., cuya imagen se ha visto muy afectada tras la reciente declaración ante el Congreso de Martin Shkreli, ex director ejecutvio de Turing Pharmaceuticals, por el ‘caso Daraprim’. Para Sanders, los días de “elevar por las nubes” los precios de los fármacos se han acabado. Ambos aspiran a reforzar el papel de Medicare en la negociación de los precios de los medicamentos de receta incluidos en la Parte D de este programa, impulsados además por las negativas proyecciones de gasto.
El programa Medicare supuso el 29 por ciento del gasto farmacéutico federal de 2014, y se estima que los costes per capita de la Parte D (gasto de receta) se incrementarán anualmente un 6,5 por ciento a lo largo de la próxima década, después de haber crecido a un ratio del 1,5 por ciento en los últimos ocho años. Por todo ello, permitir que Medicare consiga precios más bajos es un objetivo visto como positivo por un 83 por ciento de los ciudadanos. Entre los demócratas, el voto a favor de esta iniciativa es del 93 por ciento. Pero en el caso de los republicanos el porcentaje tampoco es desdeñable: un 74 por ciento.
Quizá sea este el motivo por el que los candidatos republicanos, que hasta ahora han esquivado este debate, han comenzado a pronunciarse a favor de esta iniciativa. Es el caso de Donald Trump, que se ha mostrado abiertamente a favor de la vía planteada por sus oponentes demócratas.
¿Ahorros? Nadie lo sabe
No obstante, ninguno de los candidatos ha definido, hasta ahora, mediante qué enfoque pretende conseguir este objetivo. El informe de la Kaiser Family Foundation analiza las posibilidades y sus posibles ahorros vinculados.
Los posibles enfoques son tres. Una primera propuesta pasaría por dar a la Secretaría de Salud la opción de negociar los precios de los medicamentos para todos los beneficiarios de Medicare. En el otro lado del espectro regulatorio, la propuesta sería establecer una Parte D ‘pública’ y administrada por la Secretaría de Salud, que operaría junto a la Parte D ‘privada’ de Medicare. Bajo este enfoque, el Gobierno negociaría los precios sólo para una parte de Medicare. A medio camino se situaría la posibilidad que Barack Obama ha incluido en su plan presupuestario de cara a 2017 para permitir que la Secretaría de Salud negocie los precios sólo para un limitado número de medicamentos.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, dar a la Secretaría de Salud autoridad para negociar precios más bajos para un amplio número de fármacos, como plantea la primera opción, tendría un efecto “insignificante” en el gasto federal. Basan esta afirmación en la creencia de que el Gobierno no sería capaz de conseguir mayores descuentos que los que ya consiguen los planes privados de Medicare.
Según este planteamiento, de cara a conseguir estos descuentos, la Secretaría de Salud necesitaría autoridad para establecer un formulario que incluyera ciertos fármacos y excluyera otros, imponiendo también restricciones de uso, como hacen los planes privados. La propia Oficina Presupuestaria se pregunta si el Gobierno estaría dispuesto a realizar estas exclusiones o imponer limitaciones de cobertura. En este caso, otra opción podría ser permitir a la Secretaría establecer precios por la vía administrativa o adoptar acciones regulatorias contra compañías que no ofrezcan descuentos de cierta magnitud.
La Oficina Presupuestaria también sugiere que existe cierto potencial de ahorro en la vía planteada por Obama, aunque de momento nadie, ni siquiera la Casa Blanca, ha estimado cuánto se podría ahorrar, ni por esta vía ni por cualquiera de las anteriores.
