Política farmacéutica para la próxima legislatura

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10 jun 2016 - 16:00 h
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No se puede hablar de política farmacéutica de manera aislada respecto del conjunto de políticas y de medidas que se deben abordar tanto en el ámbito de la sanidad como de otros sectores de la economía. De la misma manera que no resulta fácil deslindar las medidas urgentes a adoptar, en un primer año de legislatura, sin trascender al conjunto de reformas en política farmacéutica que se deberán adoptar, y adoptaremos si el PSOE gobierna, a corto, medio y largo plazo para corregir los problemas que enfrentamos, particularmente agravados por la crisis y la gestión miope del Partido Popular.

Hablar de política farmacéutica es hablar de alcanzar tres objetivos: (i) garantizar el acceso a los medicamentos eficaces y a la innovación; (ii) equidad en el acceso a esos medicamentos, de manera que no se produzcan distinciones en el tratamiento que se prescribe a los pacientes; (iii) y la contención de costes, de manera que el gasto en medicamentos no detraiga recursos de otros ámbitos de la sanidad o de otras políticas públicas.

Por eso una reforma fiscal progresiva que permita dotar al SNS de los recursos que se le han sustraído en estos cuatro años es una medida necesaria. Miente quien promete que se puede garantizar la calidad de los servicios públicos, y la atención farmacéutica actual y futura, reduciendo impuestos. Y también es necesario que, junto con dicha reforma fiscal, se aborde de manera urgente la actualización de la financiación autonómica, que debería haber sido aprobada por el PP en esta pasada legislatura.

Es urgente también derogar y revisar el perjudicial RDL 16/2012, que nació sin diálogo y en contra de un consenso sanitario. Hay que recuperar el derecho a la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía, sanidad para todos, sin distinción de condición laboral, eliminar los copagos sanitarios, incluyendo el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria, recordemos que hoy todavía vigente, y revisar en profundidad el copago farmacéutico ambulatorio. Deben eliminarse el copago para las rentas bajas y para todos aquellos pacientes con especial vulnerabilidad, y establecer un sistema de copago que sea más progresivo en función de la renta y no casi lineal como ocurre ahora. Es posible estudiar también la incorporación de un copago evitable para medicamentos esenciales o de especial valor o eficacia terapéutica.

Creemos en la capacidad y voluntad de todos los profesionales de la salud para hacer un uso adecuado de medicamentos cuando cuentan con las mejores condiciones, información e instrumentos para hacer su labor. Por eso creemos que los sistemas de receta electrónica deben dar el paso hacia la interoperabilidad, entre comunidades y entre niveles asistenciales, y evolucionar hacia la gestión farmacoterapéutica personalizada. Estas herramientas, utilizadas en el contexto de un proceso de atención continua y de intervención de un equipo de profesionales pluridisciplinar pueden dar muy buenos resultados a través de procesos de seguimiento terapéutico, en especial de los pacientes polimedicados; y de la conciliación terapéutica, en busca de dispensar el medicamento más eficaz y económico que resuelva el problema del paciente.

La participación de la enfermería en la prescripción y utilización colaborativa de medicamentos deberá regularse con carácter prioritario, poniendo fin al desgraciado RD 954/2015 conocido como de la “prescripción de enfermería”.

Aunque hay otras medidas que deberán adoptarse, como por ejemplo en relación a la investigación de medicamentos o al abordaje de otro problema crónico de la sanidad española como es la enorme prevalencia de resistencias antibióticas, quiero finalizar abordando el problema del acceso a la innovación, particularmente aquella de alto coste. Es necesario dotar de una mayor capacidad de planificación y anticipación de los medicamentos de alto valor y alto coste con el fin de prever medidas para evitar que nos pase lo que ha ocurrido con los tratamientos contra la Hepatitis C. Es preciso mejorar la capacidad del SNS para la evaluación de la incorporación y el uso adecuado de la innovación terapéutica, en colaboración con todos los agentes, y en especial con pacientes y sociedades científico-médicas. Y por último incorporar al marco legal actual los sistemas de riesgo compartido.

Es urgente también derogar y revisar el perjudicial RDL 16/2012, que nació sin diálogo

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