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30 oct 2015 - 16:00 h
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La inminente tramitación de la Ley de Garantías de Andalucía tiene preocupado a los profesionales sanitarios y pacientes. Más allá de encontrarse en el texto legislativo medidas que gusten poco, el mayor problema que se identifica es que la confrontación política que enfrenta a la comunidad autónoma con el Gobierno de la Nación enturbie la decisión política de los parlamentarios. Durante la celebración de las jornadas ‘Subastas de medicamentos en Andalucía’, organizada por El Global y Gaceta Médica gracias al patrocinio de Cinfa y Teva y la colaboración de Kern y Stada, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, incidió sobre esta preocupación que sobrevuela la farmacia andaluza. “Me pregunto si los políticos que van a tomar la decisión sobre las subastas de medicamentos saben qué son y cuáles son sus consecuencias”, dijo.

Tras casi cuatro años de sucesivos concursos públicos de medicamentos (siete hasta la fecha), la nota predominante de las subastas han sido los desabastecimientos. Las continuas faltas que presentan algunos fármacos adjudicados están incidiendo en la adherencia a los tratamientos, circunstancia que según diversos expertos neutralizará los ahorros. “Los mayores usuarios de medicamentos son ciudadanos de edad avanzada que además son crónicos. Este perfil de ciudadano tiene enormes problemas para familiarizarse con una nomenclatura técnica como la del principio activo y suelen fijarse en la forma y color de su pastilla. Con tanto cambio no están siguiendo bien sus tratamientos”, aseguró Juan José Castillo, médico de Atención Primaria y tesorero del Sindicato Médico de Andalucía.

Su testimonio puso en cuestión uno de los argumentos esgrimidos por la Junta de Andalucía para defender las subastas de medicamentos: el aval de la OMC. “Los directivos de los colegios de médicos no siempre nos representan. Suelen estar muy alejados del día a día y sus argumentos son demasiados teóricos”, aseveró Castillo. Estas palabras fueron refrendadas por el presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP), Antonio Bernal. “Los pacientes nos trasladan que las subastas no les benefician en nada. Nos hablan de unos ahorros que no sabemos donde están y que como mucho llegan al 20 por ciento de lo estimado”, dijo.

Durante la jornada, los profesionales incidieron en su compromiso con la sostenibilidad del sistema sanitario. Los recortes que se han producido durante los últimos años en Sanidad se han centrado en el gasto farmacéutico mediante medidas como los Precios de Referencia, por ejemplo. Además, Práxedes Cruz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y vicepresidente del CGCOF señaló que el compromiso con la sostenibilidad es tal que “sólo en mi ciudad se aportan 600.000 euros al sistema”.

Junto a los problemas de índole sanitaria que señalan los expertos, las subastas acarrean una destrucción de empleo para las compañías excluidas de estos concursos. La Junta de Andalucía siempre ha defendido que las subastas son procesos abiertos en los que puede concurrir cualquier empresa, por lo que siempre ha desestimado las alertas de los laboratorios españoles sobre la destrucción de tejido industrial. Sin embargo, Pérez explicó que el argumento gubernamental es falaz. “No se puede pedir a una empresa española que mantiene unas condiciones laborales específicas con otros países donde no existen los mismos derechos laborales y por tanto pueden rebajar más los precios. Hay que pensar el mensaje que se lanza”, argumentó.

Pendientes del constitucional

Las subastas de medicamentos, prácticamente desde su nacimiento, han sido objeto de distintos recursos judiciales y dos suspensiones cautelares. Actualmente, desde la Junta de Andalucía se argumenta que se han superado todos los escollos y además existe un informe favorable del ministerio de Economía. Sin embargo, las trabas superadas tienen una misma raíz: la inhibición ante la decisión que pende del Tribunal Constitucional. “Esperaremos su decisión porque no tiene sentido gastar esfuerzos en más recursos”, dijo Pérez.

Este órgano jurídico tiene que pronunciarse sobre la supuesta invasión de competencias denunciada por el Gobierno Nacional. Mientras tanto, la farmacia andaluza se muestra “leal ante la legalidad, aunque corporativamente no estemos en nada de acuerdo”, según dijo Cruz. En síntesis, la Junta de Andalucía ha sacado de la prestación farmacéutica medicamentos autorizados por el ministerio de Sanidad. El Gobierno central reformó la Ley de Garantías en julio de 2013 para asumir total competencia en materia farmacéutica.

Por otro lado, el Constitucional avaló en el levantamiento de la suspensión cautelar de las subastas el criterio del precio como principal en momentos de difícil coyuntura económica. Junto a esta bocanada de aire, la Junta además espera que el PSOE se haga con el gobierno de la nación y reforme la Ley de Garantías para que la cuestión de Constitucionalidad quede en fuera de juego, algo similar a lo que ocurrió con el ‘cataloguiño’.

Los principales agentes del sistema sanitario reclaman a los parlamentarios un “voto informado” sobre las subastas

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