La campaña electoral ha arrancado en el sector sanitario, y lo ha hecho con enfermería. Los líderes políticos vuelven a desempolvar sus programas electorales en materia sanitaria con algunas promesas ratificadas y otras renovadas. Los profesionales, por su parte, allanan el camino para saber de primera mano cuáles son los compromisos que las formaciones alcanzarán si llegan a la Moncloa, y lo hicieron con un debate con los responsables de enfermería.
Está claro que a la profesión enfermera le preocupan muchas cuestiones. Las principales ya se firmaron en 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy y los profesionales sanitarios, pero siguen estando congeladas. En total 100 acuerdos firmados “de los cuales no se ha cumplido ninguno”, apuntó el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado.
Reivindicaciones fundamentales para el colectivo, como el aumento de las plantillas, el desarrollo de las especialidades y de nuevas competencias están a la espera de la nueva legislatura, pero, si hay algo que “clama al cielo” es la modificación del decreto de prescripción enfermera.
Una modificación que no pasa por una derogación, ya que “no debe existir un debate sobre la conveniencia o no de la prescripción, pues esta cuestión ya se cerró con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios hace ya más de diez años y con consenso de las profesiones”, aclaró González Jurado. A su juicio, la mejor vía para resolver este asunto es a través de la trasposición de la Directiva Europea de Cualificaciones que reconoce el diagnóstico enfermero autónomo. Esto abre las puertas a la prescripción de fármacos dentro de las competencias del profesional y exige la modificación de dos leyes importantes de nuestro sistema sanitario, como son la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias y de la Ley del Medicamento (Ver GM nº 604).
El compromiso político con la trasposción de esta directiva es unánime por parte de PSOE, Ciudadanos y PNV. Además, “España está obligada a hacerlo”, recordó González Jurado.
El PP, por su parte, finalmente ha entonado el ‘mea culpa’. Elvira Velasco, presidenta de la Subcomisión de Enfermería de la Comisión Nacional de Sanidad del PP, reconoció que “no hemos sido muy elegantes con la profesión y debemos aprender de nuestros errores, que sirva esto para que en la próxima legislatura no permitamos cometer los mismos errores”.
La enfermera adelantó que en el PP hay voluntad de revisar este tema y que si vuelven a gobernar, ella misma velará porque así se haga y “conseguir que se llegue a un consenso entre profesiones”.
Si el PSOE llega al poder, tal y como aseguró el portavoz de Sanidad en el Congreso, Jesús María Fernández, modificarán la normativa. “Hay que corregir el decreto para que no sea tan burocrático y centralista”. El socialista está convencido de que es posible retomar el diálogo, potenciar la capacidad de decisión de las enfermeras y repensar el decreto buscando consenso entre profesionales.
La formación naranja está en desacuerdo con la actuación del Gobierno con el decreto. “El cambio de última hora generó un conflicto entre profesiones”. Para Daniel Álvarez, portavoz de Sanidad por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, la autonomía de las enfermeras es indudable y por ello apuestan por la libre indicación del colectivo. Además de modificar el conflictivo artículo 3.2, el partido de Albert Rivera eliminarían de la normativa el requisito de la acreditación de estos profesionales, que lo califican de “innecesario”.
El senador del PNV en la pasada legislatura, Mikel Legarda, es otro de los detractores del decreto, y así lo confirmaron hace unos meses con la enmienda para su derogación. “El Gobierno Vasco considera que hay que modificar el decreto porque se vulneró a la hora de aprobarse; y además, es nulo en contenido”, apostilló. De este modo, el partido reclaman un rol central de la profesión enfermera y una pronta aprobación de un nuevo marco regulatorio, que trasponga la directiva europea 53/13.
Por otra parte, la participación de la Organización Médica Colegial (OMC) en la modificación del decreto días antes de su aprobación en el Consejo de Ministros salió a colación durante el debate. En esta misma línea, González Jurado recordó que tanto con el decreto de especialidades enfermeras como el de indicación de medicamentos “los médicos tuvieron que dar su última palabra”, lo que no deja de ser, a juicio de todos los enfermeros, un agravio legislativo entre profesiones.
Los partidos políticos garantizaron que si llegan al poder tratarán de resolver los agravios comparativos que se dan entre profesiones y a la hora de aprobar determinadas cuestiones legislativas. Una de las promesas que adelantó Velasco si el PP repite en Moncloa, precisamente, será “evitar pactos individualizados con algunas profesiones”.
En el transcurso del debate, el presidente del Sindicato de Enfermería SATSE, Víctor Aznar, resaltó los problemas de la profesión más enfocados a los entornos laborales y las reivindicaciones.
Para la Mesa de la Profesión Enfermera las desigualdades y discriminaciones presentes en el sistema, en función exclusivamente de la categoría profesional, para las que no hay argumentos, “es una estafa a la profesión y a la sociedad, pues se les priva de resolver sus necesidades de cuidados”.
Aznar analizó “el agravio comparativo extendido en el sistema de las enfermeras en función de su titulación académica”. Situaciones que son, a su juicio, intolerables entre las que destacaba la diferente protección durante el embarazo de médicos y enfermeras, la exención de guardias a partir de los 55 años, la aplicación diferente de la ley de incompatibilidades para trabajar en la sanidad pública o privada, las retribuciones por guardia, o “el impacto desigual de la crisis según la categoría profesional”, indicó Aznar.
El presidente de SATSE recordó también las diferencias de ratios de médicos y enfermeros en la Unión Europea, ya que en España “no se invierte en más enfermería, por lo que no se siguen los estándares que marca la Unión Europea”, ni se atienden las necesidades de la población. Un deber de todos los partidos, “estén en el gobierno o en la oposición”.
Por otra parte, la gestión clínica no podría faltar en la mesa de debate. Así, González Jurado fue claro al considerar que “el intento de dejar fuera a la enfermería en la gestión clínica es una absoluta indignidad, una ataque flagrante contra una profesión. Durante su intervención insistió en la discriminación por el mero hecho de ser enfermeros, porque “nadie pone pegas por ejemplo, a que otras titulaciones con el mismo nivel académico que nosotros, el Grado, y sin embargo absolutamente ajenas a la sanidad, como son derecho o economía, ocupen cargos de gestión sanitaria”.
