El incremento de las desigualdades en sanidad entre comunidades autónomas a raíz de las crisis económica ha reabierto el debate sobre la recentralización de competencias. El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, no es partidario de que el ministerio de Sanidad asuma las transferencias que en su día el Estado hizo a las comunidades autónomas. Sólo hace una excepción, “la salud pública y la prevención”, como puso de manifiesto durante su conferencia el jueves de la semana pasada en el Club Siglo XXI.
“La prevención y la vigilancia epidemiológica debería ser responsabilidad del Estado”, argumentó el presidente de la OMC en un entorno marcado, precisamente, por la amenaza del virus zika y la reciente, ya pasada, del ébola. La propuesta de recentralización de Rodríguez Sendín no se extiende a otros ámbitos de la sanidad. “Creo que la descentralización de la asistencia sanitaria y el acercamiento de la sanidad a los ciudadanos ha sido un acierto”, aclaró. Esta medida ha permitido, a su juicio, que “en todos los puntos de España haya un hospital general”.
La descentralización no debería impedir que el ministerio asuma el liderazgo en determinadas cuestiones. Una de ellas es la evaluación sanitaria. Sendín defendió la puesta en marcha de “una agencia de evaluación con una estructura colegiada y federada en la que participen todas las comunidades autónomas”, con un funcionamiento parecido al de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Gasto sanitario
Ni siquiera el coste que supone la existencia de 17 servicios sanitarios autonómicos es un motivo suficiente para plantear la devolución de las transferencias. Sendín insistió en que el actual modelo es sostenible, aunque no con el gasto que ha fijado para 2017 el actual Gobierno. La intención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, es que se sitúe en el 5,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), en torno a los 53.000 millones de euros. Si finalmente se cumple este objetivo, los recortes ascenderían a 14.000 millones de euros, lo que nos colocaría junto “a países como Estonia, Letonia y Lituania”.
El presidente de la OMC defendió en su exposición la vuelta a los niveles previos a la crisis económica. Esto implica que el gasto sanitario se sitúe en torno al 6,9 por ciento. Explicó que sería lo “deseable”, a pesar de que nos mantiene “por debajo de los países de nuestro entorno, según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.
Como solución, propuso “una financiación estable y finalista” y advirtió de que con la actual previsión de gasto los médicos no pueden “atender las necesidades de la gente”. La lucha contra el fraude fiscal permitiría nutrir de fondos al SNS para, al menos, regresar a la situación de 2008. “Sin una reforma fiscal, el sistema sanitario está condenado a la insostenibilidad e insolvencia por insuficiencia financiera”, añadió.
Esta sería una de las tres prioridades que debería poner el nuevo Gobierno cuando acceda a La Moncloa. Las otras dos serían garantizar las bases del sistema sanitario para que los ciudadanos puedan saber lo que les corresponde y la otra acabar con las listas de espera, “que empeoran la calidad de la asistencia, son consecuencia de la reducción de puestos de trabajo, de la no sustitución y de la precariedad laboral que, además, en determinados casos, afecta a la buena relación médico paciente, clave en la atención médica”.
Pacto por la sanidad
Otra de las tareas que debe afrontar el nuevo Gobierno es la recuperación del Pacto de la Sanidad, otro de los puntos en los que más insistió durante su intervención. En un escenario en el que los partidos han encontrado un sinfín de dificultades para lograr un acuerdo de investidura, Rodríguez Sendín no pierde la esperanza de que los principales partidos lleguen a un consenso en relación con la sanidad.
“Consideramos que existe la obligación moral de alcanzar un pacto político y social que seguiremos exigiendo para revitalizar el SNS”. Sendín recordó que ya en la pasada legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy estuvo cerca de alcanzarlo. El 30 de julio de 2013 el Ejecutivo cerró un acuerdo con los profesionales. Representantes de las profesiones médica, enfermera y farmacéutica se congregaron para cerrar un principio de acuerdo en La Moncloa. El pacto no se hizo extensible al PSOE a causa de “la universalidad y la atención sanitaria a inmigrantes irregulares”. Dos años y medio después de aquellas escenificación y sin que se hayan conseguido importantes avances, Sendín insistió en que volvería a firmar, “por responsabilidad política” y “aún sabiendo que había cosas que no se iban a cumplir”.
El acuerdo entre Enfermería y el Gobierno incluía la indicación enfermera, una cuestión que divide hoy a las dos grandes profesiones sanitarias y que ha llevado al Consejo General de Enfermería y a Satse a los tribunales contra el Ejecutivo. Sendín insistió en que la prescripción no es un privilegio, sino “una obligación del médico”.
El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, lamentó la situación de precariedad de los profesionales en el sistema sanitario. Desde el comienzo de la crisis económica, se han perdido en el sistema público 40.000 puestos de trabajo “que han afectado a 30.000 enfermeros y a 10.000 médicos”. Estos ajustes se han traducido en una rebaja de los presupuestos sanitarios de 9.000 millones de euros. Una de las consecuencias de los recortes podría ser el incremento de la “prevalencia de enfermedades crónicas o la utilización de servicios hospitalarios asociados a diabetes, depresión, ansiedad y trastornos mentales”, según consta en el informe Funcas.
Otra cuestión pendiente es el baremo de daños sanitarios, al que Sendín se refirió como “su gran fracaso”, aunque insistió en que mantiene la esperanza de que pueda salir adelante. “Llevamos dos décadas y siete proyectos que impedirían llegar a los despropósitos que se están produciendo”. El responsable de la OMC añadió además que el baremo de tráfico no cubre alrededor de 100 procesos.
