Sin responsables de la reducción de la demanda tras dos años del copago

La aplicación del copago farmacéutico por renta ha generado en 24 meses un ahorro de 3.584,9 millones
Herramientas
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29 ago 2014 - 16:00 h
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El 1 de julio de 2012 entró en vigor una de las herramientas fundamentales incluidas en el paquete de medidas con las que el Gobierno del PP preveía ahorrar 7.000 de euros en el SNS. Un año después de su implantación, el copago por renta demostró haber cambiado la tendencia del gasto farmacéutico, con una reducción de la demanda sin precedentes. Dos años después ascienden a 3.584,9 millones de euros los ahorros obtenidos por una herramienta que continúa inamovible, pese a los múltiples cambios que se han solicitado para paliar sus efectos en ciertos segmentos de población, que sigue dividiendo a los grupos parlamentarios y que aún no ha contestado la pregunta fundamental: ¿quién ha sido el responsable de decidir la reducción de la demanda?

Balance

El ahorro obtenido en 24 meses es algo que solo puede ser calificado como “muy positivo” para el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno. A su juicio, “este avance en sostenibilidad y solvencia” se ha alcanzado “desde la cohesión, la calidad, la equidad y la seguridad asistenciales” que se promoverán con medidas como la orden de precios de referencia, la central de compras o la e-receta. Se trata de un mensaje, además, reiterado por el Ministerio de Sanidad, que mensualmente insiste en que el sistema “incorporó, por primera vez, criterios de equidad, pues aporta más el que más tiene y salvaguarda a los que menos tienen, como los parados de larga duración y sus beneficiarios, que por primera vez están exentos de pagar por las medicinas”. No obstante, Sanidad sigue sin llevar a cabo (asegura que es tarea de las comunidades autónomas) un estudio con datos desagregados que permita determinar con exactitud quién ha reducido el uso de fármacos, cuáles se están dejando de tomar o qué efectos puede haber ocasionado el decrecimiento histórico registrado en el consumo.

Precisamente esta duda es uno de los motores que continúa impulsando a los detractores y críticos del modelo. Para el portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Baja, José Martínez Olmos, lo más relevante tras dos años de copago por renta “es que ha perjudicado a los pacientes crónicos y pensionistas dado que ya hay evidencias de que un porcentaje relevante dejan de tomar sus medicamentos por el impacto ecónomico”, motivo por el cual el PSOE defiende su derogación.

Concepciò Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU, tampoco ve muchas ventaja y “solo inconvenientes”. Entre otras cosas, sigue criticando que el Interterritorial no dé salida a los tramos intermedios entre los 18.000 y los 100.000 euros que prometió el Ministerio y recuerda además que no se trata de aumentar los tramos, sino de rebajarlos para aquellos que cobran menos. Asimismo, y aunque defiende la exención para los parados de larga duración y sus beneficiarios, CiU continúa reclamando un tope mensual, como el de los pensionistas, para pacientes crónicos o discapacitados.

Ambos grupos, además, ponen en tela de juicio los dos objetivos que, según el Ministerio, ha logrado el copago: ahorrar y permitir la incorporación de nuevos medicamentos a la financiación pública.

Al PSOE no le basta la información que facilita el Ministerio y cree que “faltan datos que permitan evaluar el impacto en ahorro”. A su juicio, la evolución de los datos de Sigre en estos dos últimos años ofrece cifras más altas para los indicadores de medicamentos, y la ministra precisamente había utilizado los datos de Sigre como argumento para implantar el copago. Tarruella reconoce que el ahorro existe, pero matiza que se ha obtenido “con el aumento del pago de otras personas” y un consumo menor en aquellos que no pueden pagarlo.

PSOE y CiU también niegan la financiación de innovadores. “Para afirmar eso el Gobierno debe ofrecer información contrastable sobre el impacto económico eventualmente conseguido y que sea atribuible al copago. Esos datos no existen a disposición pública”, asegura Martínez Olmos. Tarruella reconoce que el copago “podría haber tenido una parte positiva” si lo ahorrado se hubiera invertido en una línea de financiación como la que CiU propuso. “Pero no han financiado nada”, añade.

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