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Director de
El Global

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20 oct 2017 - 12:08 h
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<p>El embrollo sociosanitario</p>

Las leyes están para cumplirlas, por supuesto. Pero también están para interpretarlas, adaptarlas e incluso ignorarlas. El problema no es solo del que las interpreta, las adapta o las ignora, sino también del legislador que deja resquicios a la interpretación o no aclara lo suficiente los temas. De ahí que los recursos se amontonen en los tribunales y se dicten sentencias sobre asuntos enquistados o que ni siguiera tenga ya efecto. Y en esas estamos con la atención a los centros sociosanitarios. Por un lado, tenemos comunidades autónomas que siguen al dedillo lo que dicta el Real Decreto 16/2012 al respecto. Por otro, las que tenían un sistema ya definido que les ha ido bien y que no tienen intención de modificar. Y por otra parte, están las que ‘juegan’ a llevarlo a cabo con sus propias normas y sin hacer caso, o prácticamente ninguno, a lo que dice la norma estatal. El lío habitual que nadie aclara y que se enquistará o acabará en los tribunales.

Porque quizás la norma debió dotar de un papel mucho más protagonista a la farmacia comunitaria. Eso sí, un papel claramente definido y que no favorezca la puesta en marcha de prácticas monopolísticas, sino que se ‘premie’ a las farmacias en viabilidad económica comprometida, por ejemplo. Porque hecha la ley, hecha la trampa. Y esa no es la idea. Urge, por tanto, una aclaración de la ley, una modificación que solucione los vacíos actuales. Y urge también que se deje claro que es lo que se puede y lo que no se puede hacer.

En Andalucía ya se han dado cuenta de que llevar a cabo esa AF en centros sociosanitarios no es tan sencilla como parecía en un primer momento. En la Comunidad Valenciana, el COF de Valencia ya ha desmontado las cifras de ahorro aportadas por la Generalitat con las que pretende justificar dejar de lado a la farmacia en su proyecto de atención a estos centros. Es necesario poner orden en el embrollo sociosanitario.

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