El gasto sanitario de las administraciones públicas supondrá el 6 por ciento del PIB en el año 2019 y un 14,6 por ciento del gasto total, en línea de los porcentajes del año 2018, según consta en el Plan Presupuestario 2019, aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario el 15 de octubre y que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea, como es preceptivo para cumplir con la normativa comunitaria. El documento actualiza el cuadro macroeconómico y recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria para el próximo ejercicio.
La información publicada por el Ministerio de Hacienda concreta aún más el impacto de las medidas en materia de Farmacia. Así, para empezar, aproximadamente 6,8 millones de personas (cinco millones de pensionistas con renta baja y a 1,8 millones de personas de familias con pocos recursos) se beneficiarán de la supresión del copago farmacéutico. Y en relación al impacto presupuestario esperado de las medidas de gasto e ingreso adoptadas y previstas por las comunidades autónomas, el apartado de Farmacia incluye dos conceptos: 50 millones de euros por centrales de compras y 273 millones de euros por “otras medidas en materia de farmacia y productos sanitarios”, una cantidad mayor que la de los tres años anteriores juntos (100 en 2018, 67 en 2017 y 35 en 2016).
Al margen de estos temas, el apartado sanitario en los PGE 2019 se completa con una subida del 40 por ciento en las dotaciones para la dependencia; un incremento del 6,7 por ciento en las partidas de I+D+i —aumento que tiene un impacto global de 273 millones de euros y de 150 millones de euros en el techo de gasto de los PGE— y con una nueva consideración tributaria para los productos de higiene femenina. La rebaja del IVA al tipo superreducido del 4 por ciento tendrá un impacto de 18 millones de euros, mientras que la reducción del IVA a los servicios veterinarios al tipo reducido del 10 por ciento, restará 35 millones.
Blindar el Estado de Bienestar
El Plan Presupuestario incluye la nueva senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio, negociada con la Comisión Europea y pendiente de ratificación en las Cortes Generales, que contempla un objetivo de déficit para 2019 del 1,8 por ciento, frente al 1,3 por ciento anterior.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que esta nueva senda es “realista” y “corrige” la elaborada por el anterior Gobierno, que había sido cuestionada por todos los organismos nacionales e internacionales al estimar que se incumpliría el objetivo de déficit previsto en los Presupuestos de 2018. Montero ha destacado que el desfase de la senda del anterior Gobierno obligaría a realizar en 2019 un ajuste de 11.000 millones, lo que tendría un impacto negativo en la economía, “restando entre cuatro y cinco décimas de PIB”.
La ministra ha resaltado que medidas incluidas en el acuerdo presupuestario no solo son cruciales para blindar el Estado de Bienestar y hacer que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, sino que también son necesarias para reducir el déficit y avanzar en la estabilidad presupuestaria.
