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Director de
El Global

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15 dic 2017 - 14:23 h
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<p>¿Estamos locos?</p>

Mi capacidad de sorpresa no conoce límites. Pese a estar convencido de que pocas cosas más podrían dejarme boquiabierto, cada semana aparece algo o alguien que me demuestra lo contrario. En esta ocasión, los responsables han sido los directivos de la Asociación para el Acceso Justo al Medicamento (AJJM) que no han tenido mejor ocurrencia que plantear su posicionamiento ante las subastas de medicamentos de Andalucía. Con un nombre así, cabría pensar que estarían en contra de la medida, porque podrá estar avalada por el Tribunal Constitucional las veces que haga falta, pero de justa no tiene nada. Ni para los pacientes, ni para la farmacia y mucho menos para la industria genérica. Pero no, lejos de calificarlo de injusto, lo que se ha pedido es que se haga extensible al resto de España, que con su implantación se ahorrarían 600 millones de euros. Que está muy bien, todo sea dicho, pero nunca puede ser a costa de comprometer la adherencia de los pacientes a los tratamientos, la viabilidad de la farmacia o de la industria. Además, ese dinero suponemos que se usaría para lo mismo que se usa el dinero que recibe la Junta de Andalucía de las compañías que acuden a las subastas. ¿Pero alguien sabe a qué se destina? Nadie lo sabe. Por tanto, podemos decir que además de ser una medida injusta, es una medida opaca.

Escuchar a un ex consejero de Sanidad como Roberto Sabrido hablar de que las subastas es un ejemplo de ética pública es descorazonador. Lo mismo que ver cómo Juan José Rodríguez Sendín tira la piedra y esconde la mano cuando no justifica por qué otras comunidades no adoptan este modelo. Uno de los pocos hechos ciertos lo expuso el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, cuando habló que esta medida no limita la libertad de prescripción del médico. Claro que no, el problema llega justo después. Y es un problema real y evidente.

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