La nueva Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid —que sustituirá a la todavía vigente que data de 1998— está un paso más cerca de ver la luz. El Consejo de Gobierno aprobó el 4 de septiembre el Proyecto de Ley de Farmacia, ya consensuado previamente entre Consejería de Sanidad y colegio farmacéutico, que incluye distintas medidas para fomentar la labor asistencial del farmacéutico como agente de salud, así como la flexibilidad de horarios de apertura de las farmacias, respetando un horario mínimo de atención de 40 horas semanales.
Ahora, tras el visto bueno del Consejo de Gobierno, la futura LOF madrileña pasa a ser remitida a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria y, por ende, conseguir su ‘bendición’ final. En principio, se espera que pueda ser debatida y aprobada por esta Cámara antes de que finalice 2018. Dado que el grupo popular no tiene mayoría en esta Cámara, se necesitará al apoyo de otros grupos al texto o, cuando menos, su abstención en las votaciones.
El objetivo de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid es la creación de un nuevo marco regulador de la ordenación y de la atención farmacéutica más acorde con la realidad sanitaria madrileña, los avances tecnológicos, la complejidad de tratamientos y nuevas demandas de salud de la sociedad.
Entre las medidas para reforzar el papel asistencial de las farmacias, cabe destacar la posibilidad de que estos establecimientos puedan prestar atención farmacéutica domiciliaria a mayores dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar seguimiento de sus tratamientos, y de manera complementaria al que llevan a cabo los profesionales sanitarios del Sermas.
Una nueva función que ha sido muy bien valorada por el COF de Madrid, y fruto de la negociación de esta corporación. Incluso, una vez se apruebe esta LOF, las intenciones del colegio pasan por presentar a la Administración un primer proyecto de AF domiciliaria, como ya anunció su presidente, Luis González.
Satisfacción y petición de apoyo
El presidente del COF de Madrid ha valorado de forma “muy positiva” la aprobación del proyecto de LOF por parte del Gobierno regional. En concreto, Luis González agradece “la sensibilidad y oportunidad de acometer una nueva regulación del sector que sustituya a la vigente desde 1998 y ofrezca nuevos servicios farmacéuticos al ciudadano”.
En concreto, en el colegio se estima que se trata de un paso muy importante para la población y también para los profesionales del sector, ya que el proyecto que ahora se remite a la Asamblea de Madrid “abre las puertas a una nueva forma de hacer farmacia que incorpora las nuevas tecnologías y responde no solo a las necesidades sociales y demandas de la población, sino a las aspiraciones profesionales de los farmacéuticos”.
Asimismo, el presidente del COFM insta a los distintos grupos políticos de la Asamblea “a trabajar juntos desde el máximo consenso parlamentario, en torno a un proyecto que permite avanzar en un modelo de farmacia accesible, sostenible y de servicio público”.
Enfermería intentará pararla
Mientras, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem) ha confirmado que emprenderá una “campaña de oposición” al Proyecto de Ley de Farmacia. Una campaña que se asemeja a la emprendida a nivel nacional por el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse contra la farmacia asistencial.
Precisamente, es la AF domiciliaria que posibilita el texto lo que no gusta a este colegio enfermero, como así transmitieron al consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero, en una reunión “urgente” mantenida este 6 de septiembre. Entienden que, por cuestiones así, el texto supone una “agresión flagrante” contra las competencias de las enfermeras y una “privatización” de los servicios sanitarios. De forma paralela, el Codem avisa que remitirá un escrito a los diferentes grupos parlamentarios.
Sobre ello, el COF de Madrid ha expresado su “sorpresa y decepción” por las manifestaciones del colegio enfermero . “Ninguna profesión sanitaria tiene derecho a marcar líneas rojas de actuación y a descalificar a otra, de forma tan injusta como gratuita, por tratar de implicarnos más a fondo en el seguimiento y de los tratamientos y en el correcto uso de los medicamentos de los pacientes más vulnerables. La atención sociosanitaria no es coto de nadie”, replican.
