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Pleitos para retrasar los pagos a la consejería de salud valenciana

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Editor de EG
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30 sep 2019 - 08:00 h
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La deuda de más de 140 millones de € de Ribera Salud provoca desconfianza en los modelos de colaboración

<p>Pleitos para retrasar los pagos a la consejería de salud valenciana</p>

La información de GACETA MÉDICA sobre la deuda de 140 millones de la empresa Ribera Salud con la Consejería de Salud valenciana es una situación que provoca desconfianza con los modelos de colaboración público-privada. Dichos modelos funcionan de manera adecuada en otras CC.AA. donde existen sinergias que benefician a pacientes y presupuestos públicos con dicha gestión privada. Ribera Salud es concesionaria en la C. Valenciana de los Hospitales de Elche (Vinalopó) y el Hospital de Denia, además de haber gestionado el Hospital de Alzira, revertido a la titularidad pública en abril de 2018. El “modelo Alzira” ha propiciado, según Ribera salud, ahorros de 50 millones de euros anuales a la Generalitat, pero la realidad es que no realizan los pagos correspondientes a las liquidaciones. Éstas se producen para compensar tanto los salarios del personal sanitario público —que abona la propia Consejería de Salud— como los pacientes derivados a hospitales públicos por procesos más complejos (y costosos) que no son atendidos por la concesionaria.

Se trata de un dinero que “es de los valencianos”, como reclamó en noviembre de 2016 la entonces consejera de Sanidad Universal, Carmen Montón, en la Comisión de Economía de las Cortes valencianas. Montón denunció ”la gestión negligente y falta de fiscalización” del anterior Gobierno regional del PP. Ahora, el Gobierno del socialista Ximo Puig sigue haciendo frente a los recursos judiciales interpuestos por Ribera Salud, y no consigue cobrar las liquidaciones de varios años atrás, algo que pone en duda la capacidad del ejecutivo en esta tarea. Este tipo de situaciones dan argumentos a los que se oponen a las colaboraciones público-privadas, por el beneficio que tratan de maximizar a costa de la calidad, o de no pagar lo que se debe.

Recientemente, con el apoyo de Unidas Podemos, se puso en marcha una comisión ministerial para revisar los modelos de colaboración público-privada, comisión que contó con el apoyo del Grupo Socialista y el de Unidas Podemos. Mientras se recurra a “triquiñuelas legales” para no pagar lo que se adeuda, pesará una espada de Damocles sobre cualquier colaboración público-privada en la C. Valenciana, una desconfianza que puede contagiarse al resto del país.

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