El Pleno del Parlamento de Galicia ha dado su visto bueno este 7 de mayo a seguir tramitando la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica regional con la que se renueva, y actualiza, la hasta ahora vigente de 1999. Esta norma continuará su tramitación al ser rechazada con los votos negativos (37) del PP —formación que gobierna con mayoría en Galicia— una enmienda a la totalidad del texto presentada por la formación En Marea
Antes de ser sometida a votación esta enmienda a la totalidad, el proyecto de ley ha sido presentado y defendido ante el Parlamento por el consejero de Sanidad gallego, Jesús Vázquez Almuñia, quien ha destacado que la nueva norma “da respuesta a las nuevas necesidades y demandas de pacientes y profesionales”. Cabe recordar que como alguna de sus principales novedades, la nueva norma introducirá una fase de traslados previa ante cualquier futuro concurso de nuevas farmacias —en la cual tendrán prioridad los farmacéuticos rurales titulares de boticas VEC—, amplia de 3 a 15 años el plazo mínimo para poder transmitir intervivos una farmacia (y diez años para que el transmisor pueda concurrir a un concurso) y posibilita la atención farmacéutica domiciliaria en determinadas situaciones y siempre bajo el conocimiento y coordinación con el resto de profesionales sanitarios.
En este aspecto, el propio consejero ha concretado durante su intervención que la atención farmacéutica domiciliaria solo será ofrecida “a aquellos pacientes que por sus condiciones (físicas o de salud) no puedan desplazarse a la oficina de farmacia”. Literalmente, la norma señala a pacientes “de zonas rurales cuyas características y necesidades asistenciales específicas, entre las que concurran la pérdida de autonomía funcional y necesidades de cuidados específicos por enfermedades crónicas”. En estos casos, la prestación del servicio deberá ser realizado por la oficina de farmacia “habitual” del paciente.
Precisamente, la Atención Farmacéutica Domiciliaria ha centrado parte de las interpelaciones del resto de grupos. Por ejemplo, Eva Solla, de En Marea, ha mostrado la satisfacción de su formación por el hecho de que la Xunta “haya tomado nota de la problemática que generó la Ley de Farmacia de Madrid por los conflictos competenciales” y haya concretado sobremanera las situaciones en las que ofrecer este servicio.
Más crítico se ha mostrado, en cambio, Julio Torrado, del grupo socialista, quien considera que esta práctica supone “amazonizar (sic) las farmacias”. “No podemos situar al mismo nivel la dispensación de medicamentos al reparto de unos pantalones o unas pizzas” ha ejemplificado.
En el mismo nivel de crítica se ha posicionado la portavoz del grupo BNG, Montserrat Prado: “nos preocupa que se abran las puertas de los domicilios a las farmacias y la falta de comparación de esta iniciativa con las experiencias en otros lugares donde ya se produce”, ha señalado.
