| viernes, 29 de junio de 2018 h |

El Consejo Interterritorial discurrió como de costumbre pero con el esperado cambio de roles. Ahora las exigencias y las críticas llegan de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y las loas desde las socialistas. Pero la semana pasada, más allá del concepto político de la universalidad o de la discusión sobre si es lo más urgente o no, comenzó a andar un Real Decreto-ley que debe mirar más allá de las medallas políticas. Recuperar la asistencia sanitaria a personas en situación irregular e igualarla con el derecho que asiste al resto de españoles no es solo una declaración de principios. La Atención Primaria será la responsable de que las intenciones ministeriales sean una realidad de la que presumir y eso sin inversión en esta área puede provocar más fallos que aciertos.

No se trata de hablar de una solidaridad que siempre debe estar por encima de las rivalidades ideológicas si no de planificación. Hoy en día no hay gestor sanitario que no reconozca que es necesario invertir en Atención Primaria para que el sistema siga siendo sostenible. Si a esa situación se le añade que ahora volverán a ser los centros de salud y no las urgencias de los hospitales las que se ocupen de la sanidad de los más desfavorecidos, las necesidades se acentúan.

Hay dos teorías que deberían confluir para que la Atención Primaria no sufra colapsos. Por un lado la de los vasos comunicantes. Es verdad que atender en las urgencias, como se está haciendo hoy, a personas en situación irregular es más caro que hacerlo en el primer nivel. Es deseable que esos ahorros vayan a reforzar a un sistema que se debilita precisamente por su base. Además, se debe presupuestar mejor. La cronicidad, gran reto del sistema, supone un incremento de la actividad en Atención Primaria para que el gasto no se descontrole. Por ello, y para 2019, no debe olvidarse una ‘suprafinanciación’ que vaya destinada al incremento de números de profesionales.

Una buena noticia puede ser que el próximo Consejo Interterritorial aborde la financiación sanitaria. El Ministerio asegura que así será y sólo queda esperar que no se demore en el tiempo como ya ha ocurrido con anterioridad. Además, los tiempos pueden hacerlo coincidir con los presupuestos de 2019 y esa será la prueba de fuego para saber si la universalidad no le pasará una factura muy alta a Atención Primaria.