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25 nov 2016 - 13:00 h
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El curso político ha comenzado a coger forma. En solo una semana, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat ha comparecido por primera vez ante el Senado, ha confirmado la continuidad de Javier Castrodeza al frente de la Secretaría General y se ha celebrado la primera Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados.

Al tiempo que la sanidad trata de recuperar el ritmo, estos actos pusieron de manifiesto una vez más la necesidad de alcanzar acuerdos en las diferentes cámaras para que pueda llevarse a cabo una reforma sanitaria que permita garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Fruto de este diálogo, la Comisión de Sanidad sacó adelante todos los puntos estrictamente sanitarios del orden del día, aunque algunos de ellos sin unanimidad, como es el caso del Fondo de Cohesión. Existen demasiadas propuestas encima de la mesa. PSOE y Podemos consiguieron la aprobación de una proposición no de ley (PNL) para su puesta en marcha con una dotación de 87 millones de euros. El PP lo rechazó y Ciudadanos se abstuvo. Resulta paradójico ya que estos dos últimos partidos pactaron en el acuerdo de investidura su restablecimiento con un presupuesto anual de 100 millones de euros. El Partido Popular se escuda en su propuesta del Fondo Garantía Asistencia (FOGA), con 525 millones de euros, un sistema que nunca ha convencido a las comunidades autónomas. Lo único que parece claro es que el Fondo de Cohesión tendría otra vez dotación presupuestaria y cubría la financiación de los medicamentos huérfanos.

Los bloques se fueron moviendo de un lado a otro según la votación, lo que implica cierta flexibilidad, independientemente de la orientación ideológica de las formaciones. Otra cuestión sobre la que no existe un consenso claro es la precariedad de los profesionales sanitarios. PSOE, Podemos y Ciudadanos han acercado posturas, mientras que el PP considera que es una cuestión de las comunidades autónomas. En parte es cierto, pero es el Gobierno el que debe liderar una reforma legislativa que impida que los profesionales de los servicios de salud de las comunidades vayan encadenando contratos.

La Comisión de Sanidad del Congreso sacó adelante todos los puntos, aunque sin unanimidad

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