La salud pública impulsa la transparencia

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25 oct 2019 - 13:00 h
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<p>La salud pública impulsa la transparencia</p>

El proyecto de Real Decreto, que el Ministerio de Sanidad ha publicado, pretende regular los conflictos de interés en los puestos de responsabilidad o decisión en los que la administración cuenta con expertos en la materia.

Salud pública como foco

El foco en salud pública puede resultar desproporcionado si no se incluyen también todos los expertos y expertas en los distintos comités, y que suponen una intensa actividad ministerial y autonómica. Personas expertas ofrecen su opinión a las administraciones a través de distintos mecanismos. Esas mismas personas también mantienen colaboraciones de distinta naturaleza, incluyendo la formación o ponencias hacia otros profesionales médicos, o también realizando análisis, estudios o trabajos de investigación en relación al impacto de las vacunas o de otras area de interés. Trabajar con financiación de empresas no les transforma en personas sin objetividad, aunque es necesario que se conozcan dichos conflictos de interés; necesario e imprescindible.

Visibilidad, el objetivo

La transparencia consiste en hacer visible las vinculaciones, no en excluir el talento por el hecho de trabajar para compañías, que también buscan talento para sus proyectos. En los congresos científicos internacionales más relevantes se incluyen, al comienzo de las presentaciones y ponencias, los conflictos de interés del ponente: las compañías de las que reciben honorarios. Nadie duda del catéter que escoge el cardiólogo porque haya sido invitado a un congreso mundial de cardiología, o porque haya investigado. Nadie duda que actúa según la ética debida, y por eso se aclaran sus conflictos de interés, pero eso no le invalida como experto. Y es un capital que no debería perderse para las decisiones administrativas. Al menos, no sin que eso implique no contar con los mejores.

Búsqueda de expertos

Un problema que puede surgir es la dificultad de encontrar personas cualificadas para formar parte de los comités. Si son especialistas de trayectoria consolidada, habrán trabajado con diversas compañías, y será imposible encontrar personas con un perfil elevado y autorizado sin dichas incompatibilidades.

Si sólo pueden participar en las ponencias o deliberaciones, o en las actividades de las administraciones, aquellos que no tengan ningún interés y que nunca hayan recibido financiación o pago por servicios, ¿estaremos trabajando con los mejores? La formación es clave: ¿Quién se ocupará de organizar las actividades formativas con médicos en materia de vacunas sin quedar invalidado para opinar?

No cabe duda que la transparencia es algo necesario y el Ministerio acierta en el desarrollo del artículo 11 que afecta a la salud pública. Hay pocos días para las alegaciones, pero Facme ya ha mostrado su intención de revisarlo: hasta el 6 de noviembre es el estrecho margen con el que se cuenta. Mientras algo tan sencillo y necesario como la formación se esté llevando a cabo desde compañías, será habitual encontrar ponentes que hayan impartido una charla sobre vacunas a pediatras, médicos de familia, geriatras u otras especialidades. Quizás los conflictos de interés puedan ser calificados, para evitar que se caiga en el viejo tópico de que el pago de una comida puede cambiar la voluntad de un médico.

Los conflictos de interés no invalidan siempre la autoridad e independencia del afectado, pero es necesario saberlos

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