Otro reto en hepatitis C: los presos infectados

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11 may 2018 - 12:00 h
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<p>Otro reto en hepatitis C: los presos infectados</p>

El artículo sobre el análisis coste-eficacia del tratamiento de la hepatitis C crónica en población reclusa que capitanea Andrés Marco y otros investigadores resulta muy esclarecedor. Hasta 2017 se han llegado a tratar el 40 por ciento de los internos en prisión en España, entre los estadíos F2 y F4 de la enfermedad hepática. El compromiso del Gobierno a través del Ministerio de Sanidad ha llevado a España a liderar la eliminación de la hepatitis C en el seno de la UE. Un Plan coordinado por el ministerio con el compromiso de todas las CC.AA. que han realizado un notable esfuerzo, un esfuerzo económico y humano que es, además, rentable desde un punto de vista económico. Los beneficios incluyen tratar en 2 años a 4.400 pacientes infectados, aproximándonos al objetivo de eliminación del virus, al cortar su propagación. Esta decisión sería muy coste efectiva. En España, se considera que un AVAC (año ajustado por calidad de vida) se sitúa entre 20.000 y 30.000 euros. En el estudio de Marco y col. se observa el dato de 690 euros por AVAC ganado. Reducción de muertes hepáticas, cirrosis descompensadas y hepatocarcinoma disminuirían en cifras de entre el 80 al 90 por ciento en la población reclusa. Se calcula que la población reclusa en España con el virus de la hepatitis C en sangre podría ser de algo más de 8.000 personas. Los análisis económicos nos muestran que las intervenciones pueden ser muy rentables, alcanzando un objetivo que permita controlar una infección que se propaga en las cárceles españolas.

Los ministerios de Sanidad y de Interior tienen la oportunidad de coronar el excelente Plan de abordaje de las hepatitis C en España con la actuación decidida sobre las prisiones. Es un resultado demasiado atractivo como para no ponerse manos a la obra. Tiene la sencilla demostración de lo que ocurriría si no se lleva a cabo: el escenario de no tratar a los presos sería más costoso para el estado, más injusto para los presos, perjudicaría a la salud pública en general y no es una decisión coste-efectiva.

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