Avite presenta sus alegaciones al RD de Talidomida

Si el real decreto es aprobado, se recurrirá ante los tribunales, según la asociación
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Madrid
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11 mar 2019 - 12:33 h
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La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha presentado ha presentado hoy alegaciones formales al Ministerio de Sanidad en las que se opone frontalmente al proyecto de RD para los afectados por la talidomida elaborado por el Gobierno.

La oposición se basa en lo que denominan “estrictos argumentos jurídicos que ponen de manifiesto las graves infracciones en las que incurre el proyecto socialista, y que en el caso de ser aprobado darán pie a que sea recurrido ante los tribunales”. Además de por estos argumentos jurídicos, Avite denuncia que el proyecto presentado “no es aceptable porque no respeta los acuerdos previos adquiridos de buena fe entre Avite y el Gobierno, y además carece de sensibilidad con un colectivo tan castigado y que le ha proporcionado a la sociedad española el poder consumir medicamentos de manera segura”.

La asociación realiza un llamamiento a la sociedad y en especial a los profesionales del ámbito médico y jurídico, para que lean estas alegaciones y las apoyen si las consideran justas, haciendo llegar al Gobierno que debe amoldarse a las mismas para ser justo y no alargar más una agonía de las víctimas que dura ya 60 años.

Entre otros puntos, las citadas alegaciones cuestionan que no se regula la exención fiscal de las ayudas, “lo que es punto principal para evitar que lo que las víctimas reciben con una mano lo pierdan con la otra vía impuestos”. Estas ayudas tienen como cometido -con 60 años de retraso como se ha dicho auxiliar el penoso día a día de las víctimas, insisten los afectados, para lo que necesitan medios materiales y sobre todo personales por su dependencia de terceros, medios que hay que costear.

En opinión de los afectados “no tiene ningún sentido que no se regulase una exención fiscal, pues dados los tipos vigentes en España del IRPF, de no hacerse, aproximadamente el 50% del dinero volvería al Estado sin cumplir el fin que dispuso el legislador. Además se obvia que se aprobó por unanimidad del Congreso de los Diputados -incluidos votos del PSOE- la proposición no de ley de 30/11/16, que exigía indemnizar a las víctimas como máximo en 2018 y también analizar las exenciones fiscales”.

La asociación añade que de mantenerse en estos términos resultaría “doblemente discriminatorio: por un lado con las víctimas de otros males en España -contagiados por VIH, VHC, víctimas de daños, víctimas de terrorismo, etc., según el art. 7 de la Ley 35/2006 del IRPF-; y por otro con los afectados por talidomida en otros países como Irlanda, Canadá, Italia, Alemania, Brasil, Reino Unido, etc: tanto unos como otros gozan de exención fiscal”.

Por otra parte, denuncian que el proyecto pretende rebajar lo establecido en la LGPE 6/2018 respecto del alcance de las ayudas alterando uno de los factores a multiplicar, a saber, los puntos de discapacidad de los afectados. Así, subrayan que la Ley 6/2018 dice que el importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada. Mientras, el real decreto marca que el importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar doce mil euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, compatibles con las descritas para la talidomida. En opinión de los afectados ese “compatible” espuriamente añadido es contrario a la ley, y en caso de ser preciso, así se hará valer ante los tribunales por la asociación de afectados.

Asimismo, cuestionan que el gobierno haya pasado por alto el mandato que le impone la ley de presupuestos para solicitar la colaboración económica de la compañía farmacéutica.

Por todos estos motivos, remarcan, la asociación seguirá trabajando para que el gobierno cumpla con lo recogido por la ley general de presupuestos de 2018, la PNL y lo pactado con Avite.

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