Cárcel e inhabilitación por pautar sedaciones a pacientes no terminales

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10 may 2019 - 13:07 h
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Un médico internista ha sido condenado a 4,5 años de prisión, 5 de inhabilitación profesional y al pago de una indemnización de 121.000 euros -106.000 euros a la primera víctima y 15.000 euros a la segunda-, por dos sedaciones fuera de protocolo realizadas entre 2014 y 2015, cuando era jefe de servicio de Medicina Interna.

El Juzgado de lo Penal le ha considerado autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y de otro de lesiones. Por el primero de ellos, el Juzgado le ha condenado a cuatro años de prisión, 5 años de inhabilitación profesional y una indemnización de 106.000 euros a los hijos de la víctima, con su aseguradora como responsable civil directa que, además, deberá hacerse cargo de los intereses, y a la Consejería de Sanidad de Castilla y León como responsable civil subsidiaria. Por el segundo delito ha sido condenado a 5 meses de prisión, 3 de inhabilitación y 15.000 euros de indemnización a los sobrinos de la víctima, con iguales responsables civil y subsidiario.

Solo en un trimestre el facultativo realizó más de 170 sedaciones, de las cuales 21 se consideraban fuera de protocolo, aunque únicamente ha sido juzgado por dos de ellas al denunciar los familiares que no se les había solicitado su consentimiento previo.

La primera paciente padecía una enfermedad neurológica degenerativa y una pancreatitis entre otras patologías, por las cuales tuvo que ingresar en el hospital hasta en siete ocasiones en un año. El facultativo aseguró que los hijos de la víctima le dieron su consentimiento para sedarla debido a los fuertes dolores abdominales. Sin embargo, uno de los hijos declaró durante el juicio que se sintieron “intimidados y bloqueados”. “Él era el profesional y estaba imponiendo esa decisión, pero no le estaba dando esa autorización”, precisó. A lo que añadió: “En ningún momento le dije que estaba de acuerdo con la sedación y le dije que no veía mal a mi madre”. Esta paciente falleció pocos días después.

El segundo paciente ingresó en Urgencias debido a un tumor que, unido a una neumonía, impedían el correcto funcionamiento de uno de sus pulmones. Se trataba de un paciente de avanzada edad, sordo, ciego e impedido físicamente, que no podía decidir sobre su sedación al considerarle desorientado en tiempo y espacio. El doctor declaró en la vista que la familia le pidió que no sufriera y que no se le practicaran más pruebas, sin embargo, otro familiar solicitó que se le retirara la sedación, por lo que recibió el alta hospitalaria unos días después. El paciente volvió a ingresar un mes más tarde a causa de las mismas dolencias y falleció.

Uno de los internistas del Servicio, que acudió como testigo por haber atendido a este anciano, manifestó que bajo su cuidado le despertó, pero no le pareció excesivamente desorientado ni que tuviera dificultad para respirar. A esto añadía que “no me pareció que estuviera terminal y tampoco creo que estuviera sordo y ciego, aunque tenía las limitaciones lógicas de un hombre de avanzada edad”.

Tras la denuncia de los familiares, la Gerencia de Salud local encargó a dos inspectores sanitarios una investigación interna sobre los hechos. Los inspectores afirmaron en el juicio que el número de sedaciones en esos tres meses eran “inusualmente altas”, y que “había 21 sedaciones pautadas por el doctor que no estaban indicadas porque no eran pacientes terminales, en agonía ni había síntoma refractario”.

Uno de ellos concluyó que la sedación del anciano “no era la correcta por la inexistencia de síntoma refractario ni enfermedad terminal que justificara la sedación”. En el caso de la mujer, expresó su “extrañeza” ante “la velocidad a la que se instauró la sedación”. En su declaración sostuvo que “lo lógico hubiera sido seguir los tratamientos para combatir la pancreatitis aguda (en la mujer) y la infección respiratoria (en el anciano)”.

En este diagnóstico coincidían también los informes del Comité de Bioética Asistencial, cuyo presidente declaró que “no se debe aplicar sedación si no hay signos de terminalidad: cuando el dolor o el sufrimiento es inaceptable”.

En un trimestre el facultativo realizó más de 170 sedaciones, de las que 21 se consideraban fuera de protocolo

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