Pocas son las competencias que tiene en exclusiva el Gobierno en materia sanitaria. La mayoría de ellas están traspasadas a las comunidades autónomas y son en los presupuestos regionales donde se ve el tipo de política que cada territorio emprende. Sin embargo, aunque sean pocas, sí que las hay y entre ellas destaca las políticas de cohesión. Durante unos días, desde que el viernes 11 el Gobierno presentara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la partidas destinadas a estas políticas pasaban desapercibidas, nadie hablaba de ellas. Hasta el pasado martes, cuando la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, reconoció que el Fondo de Cohesión se quedaría igual que en 2018, es decir, en los escasos 3,7 millones de euros.
La decisión no sería tan llamativa si el Partido Socialista, en cada una de sus expresiones políticas —grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, consejerías de Sanidad autonómicas—, no hubiera reiterado en casi todas las intervenciones públicas al efecto la necesidad de dar un balón de oxígeno financiero a las comunidades autónomas. Durante los últimos años se instaba a recuperar los casi 100 millones de euros de los que disfrutaba el Fondo de Cohesión a comienzos de la década actual. Es más, además de esta reserva económica, se solicitaba una cuantía superior para un fondo que financiara la innovación terapéutica cuando llegaran ‘curvas’.
La explicación que ofrece el Ministerio de Sanidad para que el Fondo de Cohesión se haya congelado es una futura remodelación del mismo. “Se mantiene la cuantía pero queremos redefinirlos con un cambio normativo que queremos consensuar con las comunidades autónomas”, explicó Carcedo. La solución, según la ministra, se tendrá que ver en los presupuestos de 2020 y si se llega a un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial.
Otro de los aspectos que requerirá una modificación legislativa es la supresión del copago para los pensionistas en situación de vulnerabilidad (unos 11.000 euros al año). Así lo transmitió Carcedo durante su explicación de los presupuestos que gestionará su cartera. El proyecto de ley presentado por el Gobierno viene acompañado de una modificación legislativa que modificará el Real Decreto 16/2012. Dicho cambio nace de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos mediante el cual también “se cerrarán la puerta a otros copagos como el transporte sanitario no urgente o los productos dietéticos”, según confirmó Carcedo. Sin embargo, no habrá una partida específica para sufragar este copago y serán las comunidades autónomas las que tendrán que buscar en sus cuentas regionales el dinero para este efecto.
Otro de los aspectos presupuestarios que dependerán de una futura norma serán las indemnizaciones para los afectados por la talidomida. Carcedo, ha informado de que en unas dos o tres semanas se va a aprobar un Real Decreto que regulará el procedimiento de ayudas económicas a los afectados por el fármaco, si bien no ha adelantado cuál será la cuantía exacta que se destinará para el colectivo. “Vamos a respetar las cuantías que fueron incorporadas en los presupuestos de 2018. Eso va a ir a un real decreto, que aprobaremos próximamente en cuanto se reciba el informe del Consejo de Estado. Y de acuerdo con el número de afectados la cuantía será diferente”, detalló la ministra.
Informe de impacto de género
El proyecto de Presupuestos para 2019 viene acompañado de un informe en el que se analizan las diferentes políticas a emprender teniendo en cuenta las discriminaciones posibles que haya entre géneros con el fin de evitarlas.
En el capítulo sanitario, bajo el epígrafe de ordenación profesional, se incluye un objetivo que depende del futuro registro de profesionales, que aún está en fase de implantación. “Este Registro permitirá en el futuro no solo conocer el número de profesionales sanitarios que prestan servicio en España, sino que además, al ser el género de los y las profesionales sanitarios uno de los 22 ítems que lo componen, permitirá que sus explotaciones puedan realizarse desde una perspectiva de género”, asegura el informe que acompaña a los presupuestos.
Copagos
El Gobierno contempla un cambio normativo del Real Decreto 16/2012 para su eliminación progresiva
Talidomida
La ministra de Sanidad está a expensas de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre un Real Decreto al efecto
