La Comisión de Sanidad del Senado respaldó el pasado martes una moción sobre talidomida presentada por el Grupo Mixto por la que se insta al Gobierno a agilizar al máximo la creación del Registro Nacional de Afectados por Talidomida con el fin de optimizar el establecimiento y la obtención de las futuras compensaciones o ayudas, según cita textualmente el texto debatido.
La encargada de defender esta iniciativa fue la senadora de la Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, que incorporó dos autoenmiendas al texto inicial, registrado el 14 de julio de este año. En una de ellas se matizaba que en lugar de impulsar la creación del registro, ya anunciada por el Ministerio de Sanidad, la petición pasaba por agilizar su creación.
Mientras, la segunda autoenmienda incorporaba un nuevo apartado en el que se pedía a Sanidad la elaboración de un “proyecto de realización” con compromisos y plazos concretos que puedan ser seguidos y constatados públicamente y esté en permanente coordinación con la Comisión de Estudio, otra figura que también propone crear la moción presentada.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), cuyo vicepresidente, Rafael Basterrechea mantuvo una reunión con la senadora para ultimar y proponer algunos cambios en la moción registrada, expresó su confianza en que el respaldo a esta iniciativa suponga “un verdadero revulsivo” pocas horas después de conocer que la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española, en su informe jurídico, apuntara que el caso de la talidomida en España “no está técnicamente prescrito”, tal y como han informado fuentes de la asociación, una novedad que también fue expuesta en el debate de la comisión.
Igualdad “real y efectiva”
Durante su intervención, Yaiza Castilla repasó los “60 años de lucha del colectivo de afectados esperando justicia y reparación de los daños”. La senadora destacó que hasta la fecha los poderes públicos no han cumplido con su deber constitucional de promover las condiciones para que la igualdad de los afectados por talidomida “sea real y efectiva”, así como tampoco han eliminado los obstáculos que la impedían o dificultaban.
Por su parte, el senador socialista, José Martínez Olmos, matizó que desde hace tiempo el problema de los afectados por talidomida es objeto de numerosas iniciativas parlamentarias y aseguró que aunque la moción contaría el apoyo de su grupo, no era cierto que no se hayan atendido a las necesidades.
En este sentido, Martínez-Olmos recordó el Real Decreto impulsado por el Gobierno socialista en 2010, que estableció los mecanismos para la concesión de ayudas entre los 30.000 y los 100.000 euros para los afectados entre 1960 y 1965 durante la gestación por ingestión de talidomida. Un tribunal médico del Instituto Carlos III fue el encargado de determinar que esta afectación era por el consumo de este fármaco, y no por anomalías de origen genético, recordó el portavoz socialista.
Desde el grupo Popular, la senadora Carmen Riolobos, también repasó las actuaciones del ministerio que lidera Dolors Montserrat en este sentido, una muestra del “apoyo del Gobierno a este grupo de afectados”. En un “tiempo récord”, remarcó, Sanidad estableció la creación de un Comité Científico Técnico, así como la de una Comisión institucional, formada por el Ministerio de Sanidad, el de Empleo y Seguridad Social, el de Hacienda y Función Pública y el de Economía, Industria y Competitividad, así como de comunidades autónomas, la Organización Médica Colegial y la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España.
En la misma línea, Riolobos reiteró el compromiso de la ministra, Dolors Montserrat, de que el registro esté abierto antes de final de este año.
