Lo que parecía un encuentro donde los partidos políticos y los profesionales sanitarios se reunían para avanzar en medidas que reduzcan el consumo de tabaco e implementar otras que favorezcan la cesación tabáquica acabó en un agrio cruce de acusaciones. Para entender el desencuentro hay que retrotraerse al 30 de noviembre, fecha en la que se traspuso la directiva europea ‘antitabaco’ mediante Real Decreto. Esta es la fórmula legislativa usual cuando se trata de acatar decisiones europeas pero, para que tenga encaje Constitucional, no se debe mover ni una coma del texto que llega desde Bruselas.
Sin embargo, todos los partidos políticos, a priori, coincidían en la necesidad de aumentar el impacto de esta directiva. De hecho, hoy y en público, todos reconocen que aquel debate en el Congreso de los Diputados fue una “oportunidad perdida”. El propio preámbulo de la directiva europea (que data de 2014) animaba a los Estados miembro a incluir tantas iniciativas como considerasen siempre y cuando fueran en la línea de perseguir el objetivo principal: que el tabaco deje de ser un problema de salud pública. Entonces, ¿si todos los partidos eran conscientes de que había mucho más por hacer por qué hubo tantas prisas en adecuar la directiva europea en el formato de Real Decreto y por qué todos votaron a favor? La respuesta es meramente económica y así lo constatan los representantes públicos. Si no se llevaba a cabo la trasposición España hubiese sido multada por las autoridades comunitarias.
Pero había otra salida. El ordenamiento español tiene una fórmula que evite la inconstitucionalidad al tiempo que se ambiciona el texto que llega de Europa: el Proyecto de Ley por vía de urgencia. Pero según Ciudadanos, el acuerdo por seguir este procedimiento se truncó a 48 horas del debate. “PP y PSOE decidieron, a saber por qué, cambiar de opinión y optar por la vía de Real Decreto”, asegura Francisco Igea, portavoz de la formación naranja en la Comisión de Sanidad. No hubo mayor denuncia de este diputado de forma explícita pero sí que deslizó la posibilidad de que los dos principales partidos de España sucumbieron a presiones de lobbies tabacaleros.
El PSOE, a través de su portavoz en la Comisión de Sanidad, Jesús María Fernández, niega la tesis de Igea. “El Ministerio de Sanidad se puso en contacto con nosotros para tramitar la transposición de forma conjunta y le pedimos dar un paso más para incluir más medidas pero no quisieron”, se defiende el socialista, quien además recordó que los dos grandes hitos legislativos contra el tabaco llevan el sello del PSOE. El último argumento de Fernández ante las acusaciones de Igea es que registraron una Proposición No de Ley para incluir nuevas medidas ‘antitabaco’ con anterioridad al debate sobre la trasposición, en concreto el 28 de noviembre. “Incluye, entre otras cosas, la financiación pública de tratamientos farmacológicos que han demostrado seguridad y eficacia para dejar de fumar bajo el consenso entre comunidades autónomas y dentro del marco del Consejo Interterritorial”, indica.
