Financiación y figura jurídica tensan el debate del Interterritorial

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28 jun 2018 - 13:07 h
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El CISNS vive discrepancias en sus primeros compases. Varios consejeros de Sanidad de comunidades tanto socialistas como populares han comparecido en rueda de prensa para expresar sus diferencias a la hora de abordar la universalidad. Las dos dudas centrales son la financiación de la universalidad, donde las comunidades populares lamentan la ausencia de una memoria económica en la documentación que se les ha aportado desde el ministerio, y la figura jurídica de la persona que va a recibir la atención, es decir, si debe recaer sobre el residente o el empadronado. Además, en el seno del Consejo también se discute sobre las posibles limitaciones que puede tener la universalidad, como el acceso a la lista de trasplantes o la aportación en Farmacia que deberían hacer estas personas en situación irregular.

Todos los comparecientes (Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Madrid, Galicia) han reconocido que hasta hoy las comunidades han ‘sorteado’ el Real Decreto 16/2012 pero las ‘populares’ han hecho hincapié en que tiene un coste que el Ministerio ahora olvida. “En Madrid estamos hablando de 40 millones anuales”, asegura Ruiz-Escudero. Además, Galicia, La Rioja y Castilla y León han rechazado que exista un problema real “porque se atiende a todo el mundo”, afirmación que rechazan las comunidades socialistas alegando que “el Gobierno de Rajoy ha recurrido muchas de estas normas para dificultar la universalidad”. En cualquier caso, asegura por ejemplo la consejera andaluza Marina Álvarez, “más costaría atender a un paciente agudo que a uno crónico”.

Los consejeros han asegurado igualmente que el Ministerio les ha trasladado que existen unas 840.000 personas que se beneficiarían de la universalidad. “Esto tendría un coste de 1.200 millones”, asegura el consejero de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado. Además, la consejera de La Rioja, Luisa Martín, ha expresado que el otro reto del Ministerio hoy, unificar las normas que hoy estén en vigor en las distintas comunidades autónomas se unifiquen, “ya lo propuso el ministro Alonso en 2015 y entonces las comunidades socialistas se negaron”.

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