Que el camino no iba a ser fácil para el Gobierno de Pedro Sánchez era un clamor que emanaba hasta de su propio partido. Los votos que arrancó en la moción de censura responden a muchas y distintas simpatías y, además, están agravadas por la crisis territorial en Cataluña. Quizá el presidente confiara en un timón de zig zags pero lo cierto es que a la hora de la hora, son las iniciativas más cruciales las que se vienen abajo: techo de gasto, ley de alquiler, presupuestos o, en el caso que nos ocupa, las medidas contra los conciertos que ostenta la sanidad privada.
Tras la primera reunión de la comisión deprivatizadora (antes de navidades) los asistentes acordaron dos medidas que se realizarían al unísono: por un lado, un mapa descriptivo de los conciertos existentes y sus tipos, y por otro, comenzar las negociaciones en el Congreso de los Diputados para conseguir derogar la Ley 15/95, considerada por Podemos como “el comienzo del fin”.Sin embargo, las negociaciones en la Cámara Baja han fracasado y quien se ha salido en esta ocasión del voto conjunto de la moción de censura ha sido el PDCat. “No están por la labor, se lo hemos planteado pero ha sido imposible”, asegura a GACETA MÉDICA una de las personas encargadas de la negociación en el Congreso de los Diputados.
La negativa del partido conservador catalán no es algo que haya cogido por sorpresa prácticamente a nadie. No en vano, desde la década de los noventa se han producido numerosos conciertos de la mano de un gobierno de Convergencia i Unió, a la postre el PDCat, convirtiendo a la comunidad autónoma en la segunda tras Madrid en conciertos.
Como era previsible, Podemos y PSOE van a intentar un nuevo regate para dotarse de un marco legal que permita actuar a la comisión desprivatizadora. El as bajo la manga es el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que regula las concesiones sanitarias. “Lo que vamos a intentar es hacer menos atractivo el negocio que existe hoy en día con la sanidad”, afirman fuentes de la comisión desprivatizadora. Estas fuentes aluden a que un endurecimiento de esta norma evitaría “situaciones como la de la Jiménez Díaz, donde el Tribunal de Cuentas ya le ha dicho a la Comunidad de Madrid que están incurriendo en un sobrecoste”. De hecho, el artículo 90 al que aluden dice expresamente que “ las distintas Administraciones Públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, cuando realicen conciertos.
Pero las intenciones de la comisión desprivatizadora de modificar este artículo pueden volver a caer en saco roto. Primero porque nada apunta a un cambio de parecer en las razones del PDCat y, por otro, porque los presupuestos están tan en el aire (ahora mismo hay mayoría absoluta de grupos con enmiendas a la totalidad, otra cosa es que se pongan de acuerdo y se voten entre ellos) que el Gobierno no tendrá margen para priorizar este tipo de negociación.
Se pospone la segunda cita
La situación es tan volátil que parece que el Ministerio de Sanidad ha perdido fuelle a la hora de volver a convocar a la comisión.
En primera instancia la cita se iba a producir en enero “tras el parón de Navidad”, tiempo que utilizarían en trazar el mapa de concesiones sanitarias. Sin embargo el primer mes del año no acogió una cita que se pospuso para el 13 de febrero y que la semana pasada, sin previo aviso, se volvió a retrasar sine die.
Una de las razones es la celeridad con la que el Ministerio está llevando el déficit de profesionales tras el tirón de orejas que sufrió la ministra por parte de los consejeros por no incluir el asunto en el Consejo Interterritorial de noviembre. La ministra, María Luisa Carcedo, está ultimando la reuniones bilaterales a las que se comprometió para analizar el déficit comunidad a comunidad y la semana pasada le tocó el turno a Galicia (ya sólo quedarían dos territorios, según Carcedo). Con posterioridad a estas reuniones se dará paso al Consejo Interterritorial que tendrá un orden del día similar al de la Comisión de Recursos Humanos.
Estos movimientos indican que las prioridades del Ministerio de Sanidad han variado un poco y que emprender ahora una cruzada contra las privatizaciones se sale de su agenda.
