La especialidad de un perito es clave a la hora de ganar casos por mala praxis

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19 ene 2018 - 14:33 h
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Todo comenzó cuando un paciente de 80 años sufrió una caída que le produjo dolores en la zona dorso lumbar que, sin embargo, no le impedían llevar una vida normal para sus actividades cotidianas. Cuatro meses después acudió a la consulta de su doctor por esos dolores. El doctor recomendó y realizó una cirugía de cifoplastia con stent en la vértebra L1 (Synthes) e inyección de cemento óseo.

El demandante alegó que la intervención le había producido una lesión irreversible y secuelas permanentes, que le impedían ser autónomo en su vida diaria, al presentar una severa monoparesia en su pierna izquierda que suponía una gran impotencia funcional. Los dolores, según lo que expuso en su demanda, comenzaron nada más terminar la operación, por lo que el doctor le realizó un TAC que evidenció la necesidad de reintervenir, ya que se apreciaba difusión del cemento óseo inyectado en el cuerpo vertebral de L1 hacia el espacio intervertebral L1- L2 y hacia el espacio epidural dentro del canal medular a dicho nivel L1.

El paciente interpuso una demanda en la que reclamó 300.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

El doctor llevó a cabo una laminoctemia descompresiva y extracción del fragmento de cemento que se encontraba dentro del canal medular. Tras esta intervención se le realizó otro TAC y, posteriormente, un estudio electromiográfico en el que se apreciaba una afectación severa de las últimas raíces lumbares, S1 y S2, remitiendo al paciente a rehabilitación con una evolución lenta. De hecho, el paciente declaró que necesitaba ayuda para mantenerse en pie, así como para realizar las actividades de su vida diaria.

Para apoyar esta reclamación aportó un dictamen pericial en el que se afirmaba que no era necesaria la realización de la intervención dada la escasa sintomatología que presentaba. Además, esta operación tenía pocas posibilidades de aportar beneficio para el riesgo que generaba, ya que el acuñamiento de la vértebra por osteoporosis podía tratarse sin la cirugía. A ello unía que no se había realizado una valoración diagnóstica completa previa a la intervención, ya que, entre otras pruebas, no se le había realizado un electromiograma. Por último, refería no haber recibido un consentimiento informado.

Por parte del doctor demandado se contestó negando cualquier tipo de negligencia, confirmando la procedencia de la realización de la intervención y, lo más importante, habiendo aportado un informe pericial que confirmó la actuación diligente del doctor y el documento de consentimiento informado firmado por el paciente en el que constaban los riesgos típicos de la intervención, entre los que se encontraban los padecidos por el paciente.

A este último punto se acogió la sentencia para demostrar el cumplimiento de la lex artis y para analizar si la intervención era necesaria o, por el contrario, como defendía el perito del paciente, no lo era. Pues bien, el juez dejó claro que este tipo de responsabilidad que tiene el médico no es una responsabilidad objetiva, es decir, la mera constatación del daño no supone la obligación del doctor a indemnizar al paciente.

Por ello, analizó de manera pormenorizada las pruebas periciales aportadas por ambas partes, a las que se sumaba la del perito judicial, neurocirujano, totalmente desvinculado del demandante y del demandado.

Los informes del perito judicial y del doctor coincidían en señalar que la intervención se realizó de manera totalmente correcta y que en la prueba de imagen realizada anteriormente había elementos de juicio suficientes, entre ellos la osteoporosis, para que se decidiera correctamente la práctica de la intervención.

Por todo ello, se desestimó íntegramente la demanda con expresa condena en costas para el paciente. Se puede confirmar que la especialidad de los peritos pesó bastante para resolver el procedimiento, ya que el perito del demandante no tenía la especialidad para valorar de manera correcta las dolencias que este refería, al contrario de los otros dos.

Los informes del perito judicial y del doctor coincidían en señalar que la intervención se realizó de manera correcta

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