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Madrid
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25 abr 2017 - 21:00 h
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Casi un mes después desde que se presentara el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha acogido el debate sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el ámbito de la Sanidad, los Servicios Sociales y la Igualdad. La cita era ineludible para la primera línea ministerial. Además de los comparecientes en la Cámara; Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; María Jesús Fraile, subsecretaria General de Sanidad; y Javier Castrodeza, Secretario General de Sanidad, la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Belén Crespo; el director general de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero; y Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional no quisieron perderse el debate.

Castrodeza ha puesto en la dotación del Fondo de Cohesión y la Estrategia en Salud para hacer frente a las Enfermedades Raras (EE.RR.) que tendrán una dotación de ocho millones de euros, alrededor de cuatro para cada partida. Sin embargo, el “leve” presupuesto para el Fondo de Cohesión ha salido a la palestra durante la valoración de los diputados, entre ellos, Ciudadanos, que tal y como ha destacado su portavoz, Francisco Igea, considera insuficiente y espera que en los próximos años se siga incrementando, “tal y como quedó recogido en el acuerdo de investidura”. Por su parte, la diputada por Podemos, Amparo Botejara, también ha incidido en que de los 150 millones de euros con los que nació ha pasado a no tener dotación, y en este sentido, tampoco considera que el aumento sea suficiente.

Por su parte, desde el PSOE, Miriam Alconchel, considera que estos presupuestos demuestran que la sanidad es una herramienta para el Gobierno para “desmantelar el Estado del Bienestar. Estos presupuestos recortan 5.000 millones en las políticas sociales”. “Lejos están estos PGE de los de 2011”. A su juicio, estas cifras siguen consolidando la inequidad del SNS. “Se sigue implementando el RD 16/2012, que incorporó medidas injustas como el copago, excluyendo a personas del sistema, acompañado de desfinanciación de medicamentos”.

<p>La oposición no avala el presupuesto del Fondo de Cohesión y lo tilda de “insuficiente”</p>

Por su parte, Castrodeza también ha incidido en la dotación de la Dirección General de Ordenación Profesional. Una cartera que tiene previsto en estos PGE 5,7 millones de euros. Dentro de esta área, la formación especializada juega un papel fundamental, por ello, ha recordado que el Ministerio ya trabaja en diseñar y reforzar el nuevo modelo. Asimsimo, ha confirmado la intención del Ministerio de poner en marcha el Registro de Profesionales Sanitarios, y con la previsión presupuestaria será posible hacerlo.

En materia de interoperabilidad, el Secretario General de Sanidad ha adelantado que aunque todavía no se ha alcanzado el 100 por cien con la implementación de la receta electrónica, actualmente España es interoperable al 80 por ciento. Con estos presupuestos, el objetivo es alcanzar la conexión total el 31 de diciembre de 2017. “Ya hay certificadas seis comunidades autónomas y próximamente se unirá La Rioja, Aragón, y Castilla y León”.

Así, el ministerio seguirá trabajando con la historia clínica compartida, que ya es una realidad en 16 comunidades autónomas y el INGESA. “La red pública podría llegar a incorporar la información de cerca de 45 millones de personas”.

<p>La oposición no avala el presupuesto del Fondo de Cohesión y lo tilda de “insuficiente”</p>

Servicios Sociales

En materia de Servicios Sociales e Igualdad, Garcés ha querido partir de la base de que el presupuesto en la cartera sanitaria ha sido el que más ha crecido de todos.

María Jesús Fraile, Subsecretaria General de Sanidad, por su parte, también ha puesto en valor el crecimiento del presupuestario sanitario, un 8,0 por ciento más que en 2016. Fraile y Garcés han destacado como se ha incrementado las dotaciones presupuestarias destinadas a la protección de la familia y la lucha contra la pobreza infantil, con un aumento de 100 millones de euros, y el aumento de dotaciones al mínimo garantizado del sistema de dependencia, con un incremento de 100 millones de euros. Los responsables ministeriales han coincidido en destacar que estos presupuestos “reflejan el compromiso del Gobierno con las personas y las políticas sanitarias”.

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