J. R-T. Madrid | miércoles, 24 de octubre de 2018 h |

La publicación del Real Decreto de Prescripción Enfermera en el Boletín Oficial del Estado ha traído consigo el enfado generalizado de los médicos. El Foro de la Profesión ha decidido fulminantemente romper el acuerdo suscrito con el Ministerio de Sanidad en 2017 por “las modificaciones que ha sufrido el Real Decreto” respecto a la versión de 2015. En su comunicado el Foro manifiesta su “profundo malestar” por haber conocido el contenido final de este Real Decreto a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dando constancia de no haber sido previamente informado ni llamado a participar ni a opinar “sobre las modificaciones que se han efectuado y que, finalmente, han quedado plasmadas en el texto definitivo del Real Decreto 1302/2018”.

En consecuencia, el Foro de la Profesión Médica da por “roto” el acuerdo suscrito el 24 de octubre de 2017, en el seno del Foro Profesional, órgano colegiado de participación de las profesiones sanitarias tituladas, dependiente del Ministerio de Sanidad, en relación al contenido de la normativa reguladora de la indicación, uso y autorización para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humanos por parte de los profesionales de enfermería, y que fue suscrito entre el Ministerio de Sanidad, la Profesión de Enfermería, la Profesión Médica, y las Comunidades Autónomas, y dado a conocer, en aquel momento, a la opinión pública. La decisión de esta ruptura adoptada por el Foro se fundamenta “en la modificación que se ha efectuado del texto sin conocimiento previo del Foro de la Profesión Médica” que representa al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) a la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME); a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); a la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM); y al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

Asimismo, a través del comunicado, el Foro de la Profesión ha comunicado que ha decidido poner en manos de sus servicios jurídicos el análisis y estudio de las modificaciones incluidas en el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, para su posterior valoración e informe correspondiente.