Las comunidades autónomas llegaron al Ministerio de Sanidad con los mismos ruegos y preguntas de hace cinco meses, cuando tuvo lugar el primer Consejo Interterritorial de la ministra Dolors Montserrat.
Abordar la financiación sanitaria era el primer reclamo de la mayoría de las autonomías. “El Fondo de Cohesión Sanitaria debe estar debidamente asentado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”, indicó a la entrada del cónclave la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, que lamentó la no implementación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), incluido en el Real Decreto 16/2012.
En esta línea, su homólogo vasco, Jon Darpón, aseguró que “esperaban un Consejo extraordinario” sobre financiación “ya que es un tema que no se puede seguir posponiendo”.
A la llegada al Ministerio de Sanidad los consejeros recordaron la promesa de ese prometido encuentro extraordinario. Es cierto que Montserrat se comprometió a celebrar este cónclave hace meses, cuando hubiesen finalizado los trabajos del grupo de expertos de la Conferencia de Presidentes.
De momento, la fecha sigue siendo una incógnita, lo que dejó una sensación de inquietud entre los responsables, ya que aunque la ministra “se ha mostrado más receptiva” aún siguen sin fecha.
No consiguieron esa cita monográfica a corto plazo, aunque sí arrancar el compromiso, por parte del ministerio, de abordar la financiación en un futuro . ¿El modo? Elaborar un documento de propuestas sobre las necesidades del sistema sanitario y presentarlo en el Grupo de Trabajo de la Conferencia de Presidentes. “El monográfico es necesario pero no sobre el modelo de financiación sanitario sino de las necesidades que tienen las comunidades autónomas y el Sistema Nacional de Salud para poder tener un informe”, aseguró la ministra.
En cualquier caso, aunque el compromiso de analizar las necesidades de las autonomías en materia de financiación es una realidad, el grupo de técnicos de la Conferencia de Presidentes concluyó sus trabajos hace unos meses, por lo que, con toda previsión el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deberán buscar un encaje para que el informe del Cisns vuelva a ser abordado por estos expertos.
El punto 12, el más esperado
A pesar de que los asuntos que se abordaron durante este encuentro eran de gran calado, hubo un tema que, aunque no formaba parte del orden del día, desde hace años viene intrínseco en el punto 12, ruegos y preguntas: el Real Decreto 16/2012.
Una vez más los consejeros sanitarios de la oposición izaron la bandera pidiendo su derogación. El responsable castellanomanchego, Jesús Fernández, indicó que desde la aprobación del Real Decreto 16/2012 cada día la financiación sanitaria sufre un “retroceso” por la inequidad del sistema. “El Decreto se cargó la universalización del sistema y la equidad en el SNS. También desapareció el fondo de cohesión que daba unidad, sin embargo, ahora cada comunidad campa a sus anchas y depende del señor Montoro”.
Patricia Gómez y Marina Alvarez, consejeras de Baleares y Andalucía, compartieron este argumento, incidiendo en su eliminación y así, se devuelva la igualdad y la equidad al Sistema Nacional de Salud.
Talidomida
Retomando el orden del día del pasado Consejo Interterritorial, los responsables sanitarios alcanzaron el acuerdo de crear una Comisión Institucional y un Comité Científico Técnico que registre a los afectados por la talidomida. Esa valoración será enviada a nivel central para que el Carlos III decida si entra o no en el registro.
La consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, explicó Andalucía cuenta con un decreto donde se regula un registro de pacientes. “Es el primero a nivel nacional y podemos aportar experiencia”, indicó. De hecho, adelantó que se está trabajando en un algoritmo que puede servir para homogeneizar ese registro.
La ministra, por su parte, fue clara: “España está en deuda con ellos”.
Durante la cita se informó a los consejeros que estos comités ya están creados y en funcionamiento. Bajo su coordinación ya se ha iniciado el proceso de valorar caso por caso los pacientes contemplados en el registro de afectados. “Con toda la información vamos a seguir trabajando para, desde la suma de esfuerzos, definir la respuesta y concretar las compensaciones a los afectados”.
A pesar de este avance, resulta paradójico que, por el momento, no hay respaldo presupuestario para este registro. Los presupuestos actualmente están prorrogados y no existe un nuevo proyecto de Presupuestos Generales para 2018, una cuestión, en palabras de Álvarez, “necesario y urgente” para poder poner en marcha el registro. “La voluntad es que haya partida presupuestaria para los afectados por talidomida porque así nos comprometimos en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y nosotros sí cumplimos nuestras promesas”, aseguró Montserrat.
Estrategia ELA
“Esta es la legislatura de los pacientes, que son la razón de ser del Sistema Nacional de Salud”, continuó la ministra durante la rueda de prensa.
Montserrat manifestó su satisfacción por haber cumplido con el compromiso de aprobar una Estrategia Nacional del ELA, que adquirió en el primer Consejo Interterritorial. “Los pacientes y sus familias han de saber que estamos a su lado y que todos trabajamos para seguir avanzando en el tratamiento”, dijo.
Una estrategia, que como adelantó, permitirá avanzar en el diagnostico precoz de la enfermedad y personalizar el tratamiento poniendo también el acento en la participación del paciente y de sus familias e incluirá atención y apoyo a las necesidades sociales.
Los consejeros sanitarios de la oposición volvieron a instar a Sanidad la derogación del Real Decreto 16/2012
El Registro de afectados por la talidomida acordado no cuenta, por el momento, con presupuesto que lo respalde
