Que la inscripción a un congreso científico por parte de un profesional sanitario pueda tributar como un pago en especie es algo que inquieta a las sociedades científicas (SS.CC.). No es tan difícil que suceda. Las consecuencias fiscales parecen ineludibles, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya anunció hace unos meses que proyecta gravar fiscalmente todas las transferencias de valor que reciban los profesionales de la industria farmacéutica, incluidas las de formación continuada.
La publicación de estos contratos, que según regula el Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria (Ver GM nº 605) se hará de manera individual a partir de 2018 es el punto que más conflicto genera en los círculos profesionales.
Los especialistas están de acuerdo con este modelo de transparencia, pero aseguran que se ha precipitado todo sin antes clarificar en qué lugar quedan los profesionales.
Las sociedades científicas están convencidas de que la formación continuada, necesaria para la actualización de conocimientos el abordaje asistencial, está en riesgo de colapso “si no se aclara la fiscalidad”, advirtió el presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), Fernando Carballo, durante la I Jornada sobre Transparencia en el Sector Farmacéutico, organizada por Transparencia Internacional España y Farmaindustria.
“No sólo estamos a favor de las transferencias de valor, es que ya lo hacemos. Fiscalmente declaramos”, explicó el experto, al tiempo que recordó que los médicos se rigen por su propio código ético; el primer Código de Ética y Deontología Médica se publicó en 1978. Este manual indica el “ejercicio de la autorregulación con el fin de mantener la confianza social, mediante la transparencia, la aceptación y corrección de errores y conductas inadecuadas, así como una correcta gestión de los conflictos”. Carballo comenta que además de este ejercicio de autorregulación, “en los colegios oficiales se imponen unas reglas del juego”.
Las organizaciones científicas son entidades sin animo de lucro, por tanto, “no tienen problema en cuanto a la transparencia de sus fines”, aclara el experto. El objetivo es aportar conocimiento científico al Sistema Nacional de Salud (SNS), intentando hacer una aplicación excelente y aumentando la calidad, y todo ello redundará en el paciente.
El problema es que los primeros efectos ‘colaterales’ de estas incertidumbres han empezado a dar la cara. Durante el debate se destacó que dos sociedades científicas han suspendido eventos científicos por el miedo que genera entre sus miembros que la asistencia tenga repercusión fiscal. Una muestra, a juicio de Carballo, del riesgo que corre el sistema de formación continuada “si no se ponen medidas”.
El presidente de Facme entiende que sin haber aclarado previamente que lo que se transparenta en sí no es dinero que llega al profesional, sino, en este caso, elementos de un valor monetario que la industria aporta a la formación continuada, no se debería haber desarrollado este modelo de autorregulación. “Vamos a clarificar qué parte de ese dinero corresponde a la formación continuada, porque si no pagaremos impuestos por mantenernos formados como profesionales dentro del sistema”.
En opinión de Carballo el desembarco de la transparencia se ha llevado a cabo sin medir el riesgo, en este caso, “de poner en peligro un modelo que funciona”. Por tanto, considera que es un gran momento para marcar los límites.
¿Debe la industria intervenir?
El experto tiene claro que la industria no debe ofrecer formación continuada. Entonces, ¿quién cubre este hueco? “Está claro que la administración no es capaz de aportar los conocimientos específicos de cada especialidad. Aparte no estaría en condiciones económicas de soportarlo”, adelantó. Por tanto, las sociedades científicas que “buscan el equilibrio para que ese dinero, venga de donde venga, al final no sea finalista, sean capaces de disminuir la posibilidad de que exista un conflicto de interés directo y generalizado”. La solución pasa, a su juicio, por adoptar un modelo de transparencia como el de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Este, establece que las empresas podrán destinar ayudas a la formación de profesionales en eventos de carácter científico-médico solo a través de organizaciones sanitarias y no de profesionales a título individual.
Sin embargo, para el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, para implantar un modelo similar es necesario que se acrediten las sociedades científicas a través de auditorías para garantizar que “no hayan interferencias a la hora de determinar que profesionales se tienen que formar”, añadió Arnés.
La protección de datos
En una primera aproximación del código se había aceptado la publicación de datos individualizados y, en los casos en que los profesionales beneficiarios no dieran su consentimiento, de forma agregada. Sin embargo, el pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos, que antepone el interés general al individual para la publicación de esta información, sostiene que para hacerlo bastará con informar a los profesionales en los contratos o documentos que formalicen su relación con el laboratorio. La Agencia sí exige, en cambio, que la publicación de datos individualizados no sirva a otra finalidad que la perseguida por la iniciativa y, por consiguiente, apunta que no debe facilitarse la indexación de la información publicada en los sitios web a través de motores de búsqueda.
Fernando Carballo
Presidente de Facme
“No se ha medido el riesgo de poner en peligro un modelo que funciona, el de la formación continuada”
Humberto Arnés
Dir. General de Farmaindustria
“La transparencia permite reducir los conflictos de interés, pero no es un fin para nosotros, sino un medio”
