Los médicos ven difícil fijar la incompatibilidad con Muface

La OMC y ASPE reclaman unificación de criterios en las comunidades
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Madrid
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25 ago 2017 - 13:10 h
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El debate sobre el establecimiento de incompatibilidades para los médicos que desempeñan su función en la sanidad pública continúa vigente. Precisamente la Ley de Incompatibilidades establece que los médicos que ejercen en los servicios autonómicos de salud pueden compaginar su actividad con la sanidad privada, con algunas diferencias en función de la comunidad. Solo existe una salvedad. La normativa fija una incompatibilidad al ejercicio simultáneo de un facultativo en la sanidad pública y en las mutuas de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas).

“Los médicos no tienen nada que ver con las mutualidades de funcionarios. El concierto es entre dos: mutualidad y aseguradoras. El médico no sabe entonces si el paciente pertenece o no a Muface. Me parece una barbaridad que los médicos que trabajamos para las aseguradoras, que son nuestros clientes, se nos prohibiera atender a estos pacientes de las mutualidades”, explica José María Nieto, representante nacional de medicina privada por cuenta ajena de la Organización Médica Colegial (OMC).

Nieto advierte de que impedir que los médicos contabilicen estos trabajos podría suponer la pérdida de profesionales ante la incapacidad para desarrollar su carrera en el sector privado.

En la actualidad, las comunidades autónomas permiten que los médicos puedan compaginar su trabajo en ambos sectores, pero existen diferentes criterios o límites. Nieto lamenta que una gran parte de los servicios de salud incentive la incompatabilidad o remunere la exclusividad. “Es una barbaridad incentivar al que por la tarde no va a trabajar”, añade. El representante nacional de medicina privada por cuenta ajena de la OMC pone en valor la función de la sanidad privada en la actualidad. “Hay que tener en cuenta que el 30 por ciento de la asistencia se hace en el sector privado”.

Independientemente de los incentivos, todas las comunidades autónomas facilitan que sus profesionales compatibilicen su labor en ambas funciones. No obstante, existen diferentes criterios entre las regiones. Nieto reclama en este sentido una unificación de las diferentes normativas. “La exclusividad en la actualidad la pagan todas, pero se incentiva al que no trabaja por la tarde”, pone de manifiesto Nieto. La Comunidad Valenciana es una de las últimas regiones que ha aprobado una normativa sobre incompatibilidades en el ámbito de la administración pública.

Sector privado

Precisamente, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) también se ha pronunciado sobre está cuestión y ha identificado recientemente como uno de sus grandes retos la Ley de Incompatibilidades.

“Consideramos que es necesaria una mayor transparencia y la unificación de criterios, puesto que la disparidad que existe actualmente origina numerosas desigualdades en la atención que reciben los ciudadanos, según en la comunidad en la que residan”, señaló la asociación en un comunicado la semana pasada.

“Para que un médico desempeñe su trabajo sólo deben tenerse en cuenta sus méritos laborales, su formación académica y la disponibilidad que tenga para ejercer su profesión. El resto de criterios, tanto personales como los supuestos por el gobierno de una comunidad autónoma que no respeta la ley estatal, deben quedar al margen”, destacó ASPE en la nota de prensa.

Segundo reto del sector privado

ASPE observó un segundo reto en materia de recursos humanos: la puesta en marcha del curriculum ciego, una iniciativa del Ministerio de Sanidad y que evaluará a través de un programa piloto. “Se trata de un sistema por el que el CV de los candidatos a optar a un empleo carece de datos personales, por lo que todos ellos lo hacen en igualdad de condiciones, siendo su experiencia profesional el único aval que presentan. Con este sistema se acabaría con los prejuicios y estereotipos asignados a cada sexo, edad, aspecto físico o incluso lugar de origen y se pondría en valor la capacidad laboral de los candidatos”, informó.

ASPE se posicionó a favor de esta iniciativa y de otras que puedan servir para favorecer “la contratación de profesionales sin ningún tipo de discriminación, eliminando trabas que pueden aparecer por iniciativa de los gobiernos autonómicos”.

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